La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, negó ayer que el recurso que prevé interponer el Ejecutivo contra la ley de custodia compartida "sea un ataque a los valencianos" o un agravio respecto de otras comunidades autónomas, mientras que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, apeló al diálogo para paralizar ese recurso "si no se ha presentado aún".
Botella insistió en que se trata de una cuestión jurídica y apoyada en un informe del Consejo de Estado, ya que el Gobierno central entiende que la Generalitat no es competente para regular ese asunto como lo ha hecho.
Castellano, por el contrario, respondió a la delegada que el Consell sí considera un "agravio y un recorte al autogobierno" el recurso, y se extrañó porque, dijo, las cuestiones civiles no supusieron un escollo para la negociación y posterior aprobación del Estatut.
