Los detalles del nuevo modelo de Radiotelevisió Valenciana, que será dibujado en la ley que prepara el Consell, se están sirviendo por entregas en las Corts. Hace una semana, el director general del ente público, José López Jaraba, ofreció un «trailer» de la película mucho más revelador en el tema —«sanear» RTVV— que en el argumento, en el cómo. Ayer, la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, aportó información relevante en este sentido, para sorpresa de la oposición. La «financiación pública» de Canal 9 se aplicará «exclusivamente a los contenidos y actividades de servicio público».
La consellera explicó que habrá «una separación de cuentas» para recoger los «sistemas de financiación independientes». Es la única forma, apostilló, de «garantizar que la financiación pública se destina al fomento de la producción valenciana, los contenidos de calidad...». De León defendió el cambio del modelo vigente desde 1989 para ajustar Canal 9 a «la realidad del mercado». La ley «introducirá mecanismos que aseguren la eficiencia y sostenibilidad económica». Es la única vía para «sobrevivir como servicio público», apuntó.
Interrogantes del nuevo modelo
¿Y cómo se costearán los programas que no respondan al perfil de servicio público? ¿Y cómo se determinará qué espacios lo son y cuáles pueden considerarse exclusivamente comerciales? ¿Y un concurso emitido íntegramente en valenciano es o no servicio público, si se considera que la nueva ley seguirá recogiendo la difusión de la lengua como principio fundacional? La vicepresidenta no aportó luz sobre estos puntos. Fuentes de la Generalitat indicaron posteriormente a este diario que los espacios de entretenimiento se autofinanciarán con los ingresos publicitarios y la venta de derechos de emisión. Lo cual no solucionaría el déficit estructural de una RTVV que en 2010 ingresó 21 millones en publicidad. El nuevo modelo aboca, así, a externalizar la gestión de franjas de la parrilla, extremo que reconocen en el Consell.
Así se pasaría de la actual privatización al detalle a la cesión de paquetes de varios programas, incluida la explotación de los ingresos. La concesión sería por concurso, a cambio del pago de un canon a RTVV. Mientras que la Ley del Tercer Canal o la Ley General Audiovisual no permite privatizar una televisión pública, sí contempla esa externalización de la gestión parcial. Con esta nueva fórmula, el Consell podrá reducir sustancialmente los 98,76 millones que aportará al ente público en 2012, que ya suponen un recorte respecto a los 123 de este año. Ese cambio legal irá acompañado con otras medidas como la «reestructuración de la plantilla para reducir costes». No llegó a hablar de ERE, pero es la primera vez que el Consell admite abiertamente los despidos. La alusión llegó en respuesta a la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, quien, tras acusar al PP de «encubrir» una privatización, se preguntó retóricamente qué pasará con la plantilla y se respondió que acabará pagando las culpas de quienes «han usado RTVV como Emarsa».
El sistema para determinar la condición de programa de servicio público es una de las cuestiones que deberá concretarse, lo mismo que el valor lingüístico en esa catalogación. De León esbozó ayer sus planes sin entrar al detalla de recortes ni privatizaciones. Desde el límite del precipicio, lanzó un SOS a la oposición para que con «responsabilidad y altura de miras» se avengan a consensuar la ley.
«Echen a la falangista Durán»
El portavoz socialista, Josep Moreno, le echó en cara que pida consenso cuando a él se le ha negado el informe de Pricewaterhouse sobre el plan de viabilidad. Entre los reproches, recordó el nombramiento «ilegal» al actual director general —que cobra, denunció, 27.000 euros de consejero, aparte del sueldo de 70.000 como responsable de RTVV—o haber designado «directora de Ràdio 9 a la jefa de prensa del presidente dimitido por corrupción». «Quieren cambiar la ley cuando han incumplido la actual», resumió, para sentenciar: «Usted pide consenso, pero quiere una amnistía, quiere que olvidemos todas las barbaridades». Enric Morera (Compromís) confesó sobre el nuevo modelo: «nos gusta la música, pero hay que pasar a la letra». Y sugirió que supriman el DBT que conduce «la falangista Isabel Durán, que cobra 3.000 euros por programa» y dediquen el dinero a pagar a la productora de l’Alqueria Blanca. O que despidan «a toda la nómina de enchufados».
