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Abogados estrella en rebajas

Los letrados de las defensas y de la acusación ajustan sus minutas por el prestigio del caso o los problemas de sus clientes

 12:36  

FRANCESC ARABÍ, VALENCIA Si todos los letrados colegiados en Valencia se reunieran en la plaza de toros llenarían el tendido. Unos 10.000 abogados están inscritos en el ICAV, más de dos terceras partes como ejercientes. En cambio, en las causas judiciales mediáticas, especialmente las que afectan a políticos y cargos públicos, no desfilan más de una docena de profesionales. De contrastada solvencia y caché, generalmente, en sintonía con su capacidad.

El artículo 14 de la Constitución decreta que todos los españoles son iguales ante la ley, pero no ante las cuentas bancarias. Por eso, el selecto ramillete de letrados de perfil alto sólo está al alcance de los ricos y de los famosos, los que dan proyección pública. El caso de los trajes, dentro de la causa Gürtel, no ha estado, por supuesto, huérfano de letrados estrella, pero, por diversas circunstancias, han ajustado sus emolumentos a la baja. El abogado que ha llevado la defensa de Francisco Camps ha cobrado, según diversas fuentes, muy por debajo de su caché habitual. Unos 40.000 euros por la asistencia jurídica durante la vista oral, cantidad que se amplía hasta superar los 100.000 si se contempla la defensa en su integridad durante todo este proceso. Ese precio fue fruto de una negociación a la baja con su cliente, un Camps al que su letrado reconoció públicamente su condición de "racanillo" el día en que el expresidente testificó ante el jurado como acusado. En la cartera de clientes ilustres de Boix figuran Rafael Blasco, Rosendo Naseiro, Luis F. Cartagena o Miguel Navarro, exdirector general de Terra Mítica, o Carlos Fabra, entre otros.

Menos suerte con el poder adquisitivo de su cliente ha tenido Virgilio Latorre, quien ejerció la acusación popular en representación de la asociación Clara Campoamor en el macrojuicio por el asesinato de las niñas de Alcàsser. Latorre ha cobrado 20.000 euros por sus servicios jurídicos al PSPV. La tarifa está muy por debajo del prestigio del letrado y del despacho, pero las cuentas de los socialistas no dan para más. La cifra que se había acordado en su día y que incluía acciones en otras causas que lleva el despacho multiplicaba por cinco esa cantidad, pero el ajuste practicado ha sido drástico.

El exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, que también ha salido airoso de la causa, ha hecho frente a unos 33.000 euros por la asistencia letrada que le ha prestado Juan Casanueva. Menos que los 41.500 euros que las fiscales le pedían como condena, lo mismo que exigían para Francisco Camps. Lo acusaban de haber recibido 7.325 euros en ropa.

Devolución de los trajes
Una cantidad similar a la del exnúmero dos del PP ha pagado el exvicepresidente Víctor Campos a su letrado Vicente Grima, otro ilustre penalista. En torno a 35.000 euros es lo que le costó su defensa. Pero, a diferencia de Camps y Costa, Víctor Campos ha tenido que sumar otro cargo en cuenta: la condena a abonar 9.600 euros, tras haber firmado una sentencia de conformidad en la que asumía su culpa para evitar el calvario judicial.

Otro que ha tenido que hacer frente a dos facturas es Rafael Betoret, compañero de Campos en la autoinculpación firmada aquel 20 de julio. Betoret ha tenido dos letrados desde que Baltasar Garzón lo incluyó en su auto de febrero de 2009 hasta que decidió acabar con su periplo por los juzgados.

Poco antes de ir al Palacio de Justicia a poner fin a sus enredos textiles, el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo cambió al letrado Luis Jordana por Ignacio Peláez, el abogado que interpuso la querella contra Garzón por las escuchas Gürtel.

Rafael Betoret asumió la culpa y se le impuso la citada multa de 9.600 euros. Tanto a Campos como a Betoret se les condenó también a devolver las prendas. El primero optó por pagar los 5.529 euros en que estaban tasados los trajes recibidos. Betoret prefirió entregar la vestimenta en el juzgado. Para no tener que apoquinar con los 13.499 euros que valían las prendas que le regalaron, un precio excesivo tratándose de ropa de fuera de temporada.

Los dos despachos volverán a enfrentarse en el caso Fabra
No hay fecha puesta, pero antes del verano el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, se sentará en el banquillo de os acusados en la Audiencia Provincial para responder por la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal por partida cuádruple. Su abogado defensor es Javier Boix. Enfrente tendrá, como letrado de la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores (UCE), a José Luis Vera, exmagistrado de la Audiencia Provincial de Valencia y socio del mismo despacho que Virgilio Latorre. Vera recurrió ante el Tribunal Supremo el archivo decretado a finales de 2010 en cuatro de los cinco delitos fiscales atribuidos a Fabra y a su exesposa María Amparo Fernández Blanes.

Un año después, a principios del pasado mes de diciembre, el Supremo propinó un severo revés a Fabra y a Boix al avalar las tesis del letrado que representa a la acusación popular. La estrategia de Boix de dilatar al máximo la causa desde un enfoque procesalista, el rosario de cambios en los jueces titulares del juzgado de Instrucción número 1 de Nules y la renuncia de varios fiscales han prolongado la fase de instrucción. La vista oral en ciernes se dilatará en el tiempo casi con toda seguridad más que el caso de los trajes.

La causa se augura muy mediática por la figura de Carlos Fabra y el eco incluso estatal que han alcanzado sus andanzas y también por el desfile de testigos que pasarán por la Audiencia de Castelló. Entre otros, el presidente de las Corts, Juan Cotino, la exministra Celia Villalobos o el ministro Miguel Arias Cañete.

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