El Consell endurece el control del gasto en farmacia, abogados, docentes y La Fe

Ordenará auditorías específicas para detectar mala gestión en las recetas, el turno de oficio, las nóminas y funcionamiento en los colegios y en Vaersa Císcar asegura que no "es un aviso a navegantes" para los colectivos críticos con el Consell

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JULIA RUIZ VALENCIA
El Consell que preside Alberto Fabra estrechará el control del gasto con la puesta en marcha de auditorías específicas en determinadas áreas de gestión. Una unidad especial del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores compuesta por entre cuatro y cinco personas será la encargada de una fiscalización que arrancará poniendo el foco en las prestaciones farmacéuticas, la asistencia jurídica gratuita, los centros docentes de titularidad pública, el personal docente, el departamento de salud de La Fe y la empresa pública Vaersa. La medida, aprobada ayer por el pleno del Gobierno, coincide con las protestas de diferentes colectivos por los recortes y los retrasos en los pagos. Precisamente, la investigación comienza en áreas que afectan directamente a algunos de los sectores que más se han significado en sus quejas hacia la Generalitat, como es el caso de las farmacias, los abogados del turno de oficio o los docentes y sanitarios.
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, negó que estas auditorías sean "un aviso a navegantes" y justificó la elección de estas seis áreas por el importante volumen de gasto que arrastran. Las auditorías de gasto, las primeras de estas características que se realizan en España, se extenderán posteriormente a otros departamentos."Este gobierno tiene muy claro que gestionamos dinero de los ciudadanos, y allí donde se invierte dinero de los ciudadanos tenemos la obligación de fiscalizar el gasto", advirtió el vicepresidente.
Según Císcar, el objetivo es detectar si existen fallos en los controles que habitualmente se realizan y si además de correctos son eficientes y eficaces. El trabajo de los interventores, según se desprende del acuerdo adoptado, será minucioso, ya que la investigación está muy acotada. Así, en el caso del gasto farmacéutico, el control se efectuará sobre la facturación de los meses de noviembre y diciembre de 2011, que asciende a importes de 99,5 millones de euros y de 123,4 millones euros, respectivamente. Respecto a los Colegios Oficiales de Abogado se hará un seguimiento de los gastos reclamados por los letrados del turno de oficio en el cuarto trimestre de 2011 y que se eleva a 16,5 millones de euros.
Por su parte, los centros docentes de titularidad pública serán sometidos a un doble control. De un lado, se fiscalizará la cuenta de gestión anual de 2011 que rindan los centros docentes y que éstos deberán presentar antes del 31 de marzo de 2012. Por otro lado, se revisará el gasto de personal en el primer trimestre de 2012, en concreto, las nóminas como consecuencia de nombramientos que tengan por objeto sustituciones de personal. El Consell también apretará las tuercas en las nóminas de Sanidad, en concreto, en el departamento de la Fe donde se examinarán los pagos al personal de atención continuadas, guardias médicas, sustitución y acumulación de tareas en el primer trimestre de 2012.
Por último, el Consell ha puesto el ojo en las "encomiendas de gestión" efectuadas por las conselleries de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua a la empresa Vaersa durante el ejercicio de 2011. Estas contrataciones alcanzaron un importe de 59.732.197,84 euros. La gestión en Vaersa a lo largo de los años ha sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes que en sus informes ha detectado anomalías en la contratación, tanto administrativa, como de personal.
Las auditorías de la Generalitat seguirán una mecánica similar a las de la Sindicatura de Comptes, ya que se basarán en muestras de expedientes. Una vez realizado el análisis, la Intervención emitirá cuantas recomendaciones estime convenientes para mejorar los sistemas de control y la cuenta anual de la Generalitat. El órgano administrativo podrá realizar alegaciones al informe. Una vez este sea definitivo será trasladado a los consellers correspondientes y a la Conselleria de Hacienda.

"Los ciudadanos tienen que entender los sacrificios"

Preguntado por las protestas celebradas el día anterior en las tres capitales de provincia, el vicepresidente José Císcar respondió: "Sabemos que son medidas muy duras, que son sacrificios para los ciudadanos, pero lo que los ciudadanos tienen que entender es que en estos momentos son absolutamente necesarios". Císcar incidió en que estas medidas son "transitorias" y "absolutamente provisionales" y se han tomado con la finalidad de evitar despidos, que podrían haber afectado principalmente a interinos. "Es evidente que se podrían haber tomado otras, pero pensamos que se ha hecho todo bajo un prisma que para nosotros es el más importante: hemos querido que no hubiera ningún despido", explicó. Añadió que es consciente de que los recortes afectan a sueldos de profesionales que están trabajando todos los días por la educación y la sanidad, pero mantuvo que en dos años o incluso antes las cosas podrían volver a la normalidad.

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