El pleno del Consell inició ayer el proceso de saneamiento de las empresas y fundaciones de la Generalitat con la mirada puesta en la anunciada reestructuración del sector público que reducirá a seis "holdings" el actual entramado de 46 entes públicos. El acuerdo implica asumir la titularidad de buena parte de la deuda del sector público -hasta un máximo de 3.400 millones de euros- que pasará a ser gestionada por el Instituto Valenciano de Finanzas. En total, la limpieza afecta a quince entidades; doce empresas y organismos y tres fundaciones. La relación incluye empresas que en su momento fueron pilares de la gestión popular, entre ellas la firma que construye los colegios -Ciegsa- o Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana. Del proceso quedan fuera las empresas cuya deuda no computa en términos de contabilidad nacional SEC95, es decir, aquellas que tienen un 50% de ingresos propios como son Cacsa, Vaersa y Sepiva. La asunción de la deuda de estas últimas firmas engordaría la deuda oficial del Consell; un escenario que el Ejecutivo valenciano no puede permitirse. Por otro lado, también quedan al margen del acuerdo RTVV y la Agencia Valenciana de Turismo, que tendrán un proceso de ajuste propio.
El proceso de asunción de la deuda, que fuentes de la Conselleria de Economía precisaron será paulatino, estaba contemplado en el decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial, una norma que marca la hoja de ruta que seguirá el Consell para adelgazar su mastodóntico sector público empresarial y funcionarial. El vicepresidente del Consell, José Císcar, admitió que con este acuerdo el Consell quiere "limpiar" los entes públicos para, posteriormente, poder adoptar diversas medidas, entre ellas, fusiones, liquidaciones o incluso alguna venta.
El Consell defendió que la gestión centralizada de la deuda mejora las condiciones de acceso a los mercados y su eventual renegociación. "Al quitar de las empresas la deuda financiera y pasarla a la Generalitat se consigue tenerla en un mismo paquete y a la hora de ir a buscar una refinanciación o renegociación con las entidades de crédito lo tenemos mucho más fácil", argumentó Císcar.
El vicepresidente del Consell hizo hincapié en que la deuda de la Generalitat se mantendrá invariable, ya que, incidió, los préstamos de las empresas afectadas ya son contabilizados por el Banco de España. Ahora bien, siendo así, lo cierto es que el acuerdo pone al descubierto el lastre para las cuentas públicas que ha ido generando a lo largo de los años estos entes.
El caso más paradigmático es el de Ciegsa, con 1.881 millones de euros de deuda, más de la mitad de toda la deuda que asumirá el Consell. A una media de 400 centros construidos, sale a una deuda por colegio de más de 4 millones de euros (665 millones de las antiguas pesetas). Ciegsa es una de las empresas que echará el cierre, pese a que sigue recibiendo inyecciones de capital. Ayer mismo el Consell autorizó otra por valor de 57 millones de euros y lanzó un mensaje de "tranquilidad" a la plantilla. El comité de empresa emitió un comunicado en el que pedía su continuidad porque la "educación no es una cosa superflua".
Císcar descarta otra subida de impuestos, aunque podría
crearse alguna tasa
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, reiteró ayer que el Ejecutivo valenciano descarta una nueva subida de impuesto e implantar fórmulas de copago, si bien asumió que en un momento dado podrían crearse nuevas "tasas específicas" para lograr cumplir el objetivo del 1,5 por 100 de déficit marcado por el Gobierno central. Con todo, fuentes de la vicepresidencia precisaron que no se está estudiando implantar ninguna tasa concreta y que, si se hiciera, siempre sería de carácter sectorial. El vicepresidente del Consell indicó que el recorte adicional que se le exige desde Madrid al Consell podría superar los 500 millones estimados el día anterior por el presidente Fabra, si bien insistió en que con las medidas puestas ya en marcha será posible este ahorro. Citó entre otras la venta de patrimonio -una operación que aún no ha dado frutos- o medidas como la central de compras u otras para recortar el gasto corriente.
Se subasta coche de conseller entre 1.270 y 1.945 euros
La Generalitat sacará a subasta 42 coches oficiales, 37 de ellos de la marca Ford Mondeo y cinco Ford Focus, con un precio de salida que varía entre los 1.270 euros del vehículo más barato hasta los 1.945 euros del más caro. La subasta se celebrará el próximo 21 de abril en el Centro de Archivo y Logística de la Generalitat situado en Riba-roja del Turia (Valencia), en el polígono industrial La Reva, según publicaba ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Esa subasta pública es la primera de las dos previstas -la segunda antes del 30 de junio- para reducir a la mitad el parque móvil de altos cargos de Presidencia de la Generalitat y las diez conselleries, con el fin de ahorrar 129.320 euros. Entre las dos subastas el parque móvil se reducirá de los 112 vehículos que lo conforman a 51, ya que se retirarán 61 Ford Mondeo y 11 Ford Focus adscritos a técnicos. En esta primera subasta los precios de salida no incluyen ninguno de los tributos o gastos que se derivan de la transmisión de los vehículos, cuyo pago deberá asumir el adjudicatario, según la resolución de licitación de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. La licitación se hará a partir del precio de salida y después se efectuarán las ofertas equivalentes o al alza, y no se admitirán ofertas por importe inferior. Los 42 vehículos que salen a subasta pública tienen una media de diez años de antigüedad, y el más antiguo se adquirió en el año 2000 aunque la mayoría tiene una media de diez años. El de mayor número de kilómetros es un Ford Mondeo, con 334.609 kilómetros, aproximadamente, adquirido en marzo de 2002, y uno de los Focus ha recorrido 117.450 kilómetros. La subasta se realizará a viva voz y se pueden presentar ofertas en sobre cerrado hasta el 11 de abril, y la subasta será el 21 de abril.
