Los profesores asociados de la Universitat de València están dispuestos a hacerse oir en estas últimas semanas que les queda. Al anuncio del rectorado, en febrero, de que unos 375 dejarán de ser contratados al reducir unos 1.100 el número de grupos se une el reciente decreto ley ministerial que obliga a más horas de docencia, lo que provocará la disminución de la plantilla porque menos harán más. En la asamblea celebrada el lunes, el 90 por ciento de los asistentes votó a favor de realizar una huelga indefinida a partir de la próxima semana e, incluso, dejar de firmar las actas.

En la fechas en que se encuentran, con el curso a punto de finalizar, los más afectados serán los alumnos que deben realizar exámenes o entregar los trabajos. Por este motivo, representantes del colectivo tienen previsto reunirse con los delegados estudiantiles para pedirles su apoyo así como con los sindicatos, que son en última instancia quienes tienen potestad para convocar una huelga.

Los asociados —profesionales que enseñan su experiencia laboral durante no más de seis horas a la semana—, son unos 1.100 de una plantilla de profesores de la Universitat de 3.700, que reclaman la implicación de sus compañeros porque, aunque son los más afectados por el decreto ministerial, éste «afecta a toda la comunidad universitaria» como subraya el acta de la asamblea. El Consejo de Gobierno de la institución académica el martes realizó un pleno extraordinario para rechazar estas medidas del Gobierno.

De hecho, según indica el acta que recoge la información de las conversaciones con la vicerrectora de Ordenación Académica y con el vicerrector de Economía, con el citado decreto, 773 profesores amplian sus créditos de clase a 32 y pasan a 16 créditos otros 540. «No hay cálculos fieles sobre la incidencia de la medida en el profesorado asociado, pero algunas informaciones indican la no renovación de la gran mayoría de los más de 1.100 docentes» explican.

En opinión de unos de los afectados, Pere Pérez, «el rectorado puede adoptar otras medidas de ahorro que no sean las de dejar de contratar al profesorado. Tiene margen pero no nos han escuchado».La incertidumbre de este amplio grupo crece cada día porque aun no s e conocen las directrices del rectorado sobre cómo ajustar la docencia el curso próximo, 2012-13, ya que las reglas del juego han cambiado.

Desde la Universitat, su Consejo de Gobierno ha reclamado la retirada del decreto porque incrementa las tasas al alumnado y modifica «las condiciones de trabajo del profesorado, realizada también mediante la aprobación de normas de emergencia, que llega precedida de una campaña de desprestigio de las funciones docentes, investigadoras y de gestión. Esta medida no incrementará la calidad de la enseñanza, sino que reducirá el nivel formativo del estudiantado, dificultará el desarrollo de las tareas de investigación y afectará el clima laboral» lamenta el acuerdo.

Sobre el aumento de la dedicación docente apunta que «tendrá como efecto un empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de numerosos puestos de trabajo. Además, para la distribución de esta dedicación no se tienen en cuenta la multiplicidad de tareas y de situaciones concretas, lo cual puede generar obstáculos y desigualdades injustificadas entre el personal docente e investigador».

Facultades como la de Filología o el departamento de Sociología también han mostrado su rechazo público a la decisión ministerial.