El Gobierno ha decidido paralizar las obras de la cárcel de Siete Aguas, conocida como «Valencia II», debido a la falta de presupuesto y a la imposibilidad de hacer frente a los compromisos y al calendario de pagos establecido en contrato con los concesionarios: Sacyr, responsable de la obra civil, e Indra, que asumía la ejecución de los sistemas de seguridad y electrónica.

Fuentes de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) eludieron confirmar la paralización y se remitieron a Instituciones Penitenciarias, que ha evitado responder a las repetidas llamadas de este diario.

Sin embargo, empresas subcontratadas por Sacyr e Indra que debían de «entrar en acción» pasado el verano han sido advertidas extraoficialmente de que la obra está paralizada y así permanecerá hasta que el Estado vuelva a disponer de crédito o de un mínimo presupuestario que le permita acometer e final de la obra.

Al parecer y según fuentes consultadas por este diario la decisión habría sido adoptada el pasado jueves en una reunión del consejo de Administración de la SIEP.

Según estas mismas fuentes existe «terror» a hacer pública la paralización por la reacción que puede provocar entre la sociedad valenciana. Después de casi ocho años de explotar el victimismo y el supuesto castigo de los gobiernos del PSOE hacia la Comunitat Valenciana, un gobierno presidido por Mariano Rajoy sería el responsable de parar una actuación que junto a la ampliación a un tercer carril de la A-3 es la obra pública de mayor envergadura de cuantas se realizan ahora mismo en la Comunitat Valenciana.

Deficiente información

La cancelación de las obras del centro penitenciario Valencia II contradice lo manifestado recientemente en sede parlamentaria (Congreso de los Diputados) por el nuevo director de la SIEP, Andreu Roca Bassas, nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy, quien el pasado 17 de abril defendió el «compromiso» del Ministerio del Interior para financiar las inversiones para la construcción de diversos centros penitenciarios entre los que se encuentra «Valencia II», dotado con 9 millones de euros para este ejercicio, según dijo específicamente el presidente de Siepsa.

No obstante apuntó a que era necesario corregir el desfase entre el dinero presupuestado y el realmente obtenido de las arcas del Estado «estudiando diferentes posibilidades para adaptarnos a esta situación».

En este sentido adelantó medidas que afectarían al plazo de las obras, «como puede ser la ralentización de alguna de ellas, o económicas, reduciendo importes de contratos, prescindiendo de instalaciones no estrictamente necesarias para el buen funcionamiento de los centros».

La orden de paralización no es oficial y de hecho en Siete Aguas se desconoce la decisión de la SEIP. En el tajo se ha reducido el personal que trabaja y se han cancelado las nuevas incorporaciones previstas para después del verano.

Unas pocas grúas y apenas una docena de hombres adscritos a la multinacional Sacyr, adjudicataria de las obras, permanecen en el lugar donde se construye la cárcel, cuya estructura fundamental se encuentra prácticamente terminada aunque sin muros ni tejados que la aíslen del exterior.

Los pocos trabajadores que permanecen en sus puestos carecen de información sobre el futuro de las obras aunque dicen temer «lo peor» tras observar que apenas ha habido nuevas incorporaciones en las últimas semanas. Más de un millar de personas de la comarca esperaban encontrar trabajo en la prisión.