La Fiscalía Anticorrupción de Valencia acusa al exconseller de Solidaridad y actual portavoz del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación por su presunta implicación en la trama de ONG y funcionarios públicos que habrían defraudado más de 3,5 millones de euros de las ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo, según pudo confirmar Levante-EMV de fuentes jurídicas. El Ministerio Público solicita imputar a Blasco en la causa y pide a la juez que traslade el caso al Tribunal Superior de Justicia, ya que la magistrada no puede investigarlo al ser Blasco aforado por su condición de diputado de la Cámara valenciana.
Estas acusaciones y la petición de imputación constan en el informe que remitieron ayer los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres a la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye esta causa en la que hay 27 imputados y que lleva más de un año en instrucción. Se trata de una exposición razonada de los hechos, un paso previo a la remisión del sumario al TSJ para que decida si se queda con la causa como pasó con el caso Gürtel.
En el escrito, la Fiscalía deja patente que considera que existen "fundados indicios" de la participación de Rafael Blasco en los hechos investigados en el juzgado, teoría que comparte la magistrada instructora, Nieves Molina, quien hace diez días ya hizo público en una providencia que había observado "indicios de criminalidad" en la gestión de Blasco al frente de la Conselleria de Solidaridad entre 2007 y 2011.
Como ha venido publicando este periódico desde que se levantó el secreto de sumario, existen bastantes conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre el portavoz del PP y el cabecilla de la trama ahora preso, Augusto César Tauroni. De estos pinchazos, la policía entiende que Tauroni y Blasco podrían tener negocios particulares.
Además, existen numerosas declaraciones de testigos e imputados que concluyen que Blasco habría intercedido para que la subvenciones fueran otorgadas a las ONG de la trama que después desviaban el dinero a la compra de pisos y a cuentas en Miami, desde donde se blanqueaba.
De hecho, la parte de la causa en la que se investiga el blanqueo de capitales está secreta, puesto que todavía hay riesgo de que desaparezca el dinero presuntamente defraudado que de la investigación se desprende que podrían ser más de 3,5 millones, de momento.
Varios funcionarios y técnicos de la extinta Conselleria de Solidaridad también declararon que recibieron presiones del propio Blasco para que los proyectos de las ONG de la trama fueran aprobados pese a las irregularidades administrativas que se detectaron y la falta de experiencia de la mayoría de organizaciones.
Los cinco delitos que imputa el fiscal al portavoz del PP son los más graves que puede cometer un funcionario público. En todos los casos y según la gravedad de las faltas cometidas se contemplan penas de cárcel, que en algunos casos superan los 10 años de privación de libertad.
La juez deberá ahora inhibirse en favor del TSJ y remitir los 26 tomos que ya forman parte de la investigación para que digan si hay o no delito en la actuación de Rafael Blasco. En caso afirmativo el alto tribunal valenciano deberá continuar con la investigación de la causa que, además de los cinco delitos de los que se acusa a Blasco, podrían ampliarse.
En caso de que se produzca la imputación por parte del TSJ, lo que se podría demorar un mes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha comprometido a destituir a Blasco como portavoz del PP en las Corts. Lo que no hará el exconseller y tampoco le obligará su partido es a abandonar su escaño, puesto que de ser así perdería el fuero. Fuentes conocedoras del caso afirmaron que Blasco ya se ha buscado abogado pese a no estar imputado formalmente. Empieza un largo proceso judicial.
