El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no depurará a los diputados imputados ni apartará del cargo a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de quien la jueza del caso Brugal ha reclamado también su imputación, sencillamente "porque no puede". Porque no puede "legalmente", se entiende. ¿Y la capacidad política para forzar su marcha? Pues eso también quedó ayer en entredicho en la rueda de prensa tras la reunión del Consell en la que el vicepresidente, José Císcar, tuvo que emplearse a fondo ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre la "semana trágica" del PP, como la definió un informador, después de que dos jueces distintos hayan solicitado al TSJCV la imputación del síndic del PP, Rafael Blasco, por el caso del fraude en los fondos de Cooperación, y de Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi, por el supuesto amaño del PGOU.
Con estos tres, sumados a otros seis imputados por Gürtel y al exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por la contrata de las basuras de la localidad, el PP sumará hasta 10 diputados bajo sospecha, lo que supondría que, de expulsarlos del grupo, los populares perderían la mayoría absoluta. Hasta once de las 18 preguntas de la rueda de prensa versaron sobre este asunto. Císcar enfatizó una vez más el compromiso de Fabra contra la corrupción pero señaló que no actuará contra Castedo y los diputados porque "no tiene posibilidad legal" de hacerlo. "Ni este presidente, ni ningún otro de comunidad autónoma, ni el presidente de España, presente y pasado, con la ley del Régimen Electoral General en la mano, puede destituir cargos públicos electos", aseguró Císcar, en referencia a despojarlos del escaño.
"¿Y la decisión política de excluirlos del grupo [con lo que quedarían como diputados no adscritos]?", se le preguntó. Tampoco eso está en la mano del presidente. "Eso son decisiones que corresponden al grupo parlamentario y que el grupo parlamentario popular en estos momentos no tiene previsto adoptar", respondió. "¿Tampoco puede convencer a la alcaldesa de Alicante?", se le inquirió. "El presidente no tiene posibilidades legales con los cargos electos", contestó. Pero cuando se le apuntó que son los concejales los que quitan y ponen al alcalde, evidenció de nuevo la impotencia ante la situación: "Respetamos la autonomía de los grupos municipales que también son cargos electos".
Insinúa que esperan la retirada
En cambio, sí dio una pista cuando se le recordó que a Blasco si se le forzó a retirarse de sus funciones. "El señor Blasco decidió voluntariamente apartarse, en un gesto que le honra y que va en la línea de lo que quiere el presidente", dijo, insinuando así que deberían ser los imputados los que dieran un paso atrás, en vez de situarse toda la presión en el jefe del Consell. "Donde el presidente tiene potestad porque se la da la ley, en el Gobierno y en el partido, actúa plenamente y con contundencia", recalcó, para anunciar que tras los procesos provinciales el PPCV constituirá el Comité de Derechos y Garantías, que pondrá en marcha los "mecanismos establecidos en los estatutos". Esto es, expediente informativo a los imputados y disciplinario, a los procesados.
Al PSPV, que el día anterior garantizó a Fabra la gobernabilidad si echa a los imputados con la abstención de 5 socialistas, le respondió que antes debería "resolver su profunda división interna". En cambio, habló de "tranquilidad absoluta" en el grupo popular, que "va a seguir apoyando la acción del Consell como hasta ahora".
