Silencio y mucha desconfianza es el ambiente que se respira en la Conselleria de Sanidad en lo relativo a los borradores del nuevo modelo de gestión sanitaria compartida que debería entrar en vigor en marzo de 2013, según anunció en septiembre el responsable sanitario, y que ya no podrá ser posible a la vista de que no se ha licitado concurso alguno que requiere dos meses de publicación en el diario de la Unión Europea antes de abrir las plicas con las ofertas.
En la Conselleria de Sanidad, el director de Recursos Económicos, Francisco Soriano, y su equipo trabajan sin cesar para buscar la fórmula más eficaz para dar una salida airosa a la segunda propuesta del modelo de gestión público-privada que el conseller Luis Rosado volvió a presentar en septiembre, tras descartar la primera opción al no aceptar las empresas el pago de un canon fijo (360 millones) por la explotación de los servicios generales, tal y como constaba en el primer borrador.
Ahora, la negociación se centra en establecer los precios que quieren cobrar las empresas consultoras que tendrían que asesorar a los equipos directivos de los hospitales para ayudarles a incrementar la eficacia de su gestión, que es uno de los tres bloques del nuevo modelo.
Según ha podido saber Levante-EMV de fuentes próximas a las empresas interesadas, estas firmas de consultoría han propuesto un canon fijo de 10.000 euros al mes por consultor, una cifra que los organismos de fiscalización de la Generalitat Valenciana consideran desproporcionada sin saber si la participación de estos expertos en la mejora de la gestión va a lograr los ahorros esperados.
El fijo y el porcentaje
Esta cantidad incluye el sueldo bruto del experto (3.500 a 4.000 euros al mes), más la Seguridad Social, el IVA (21 %) y un margen de beneficio entorno al 40 %.
A este canon fijo por consultor que las empresas han propuesto incluir en la redacción de los pliegos habría que sumar además el porcentaje que querrían cobrar sobre los ahorros logrados en la mejora de la gestión, que sumarían 106 millones al año, según las cifras que dio Rosado en la presentación del nuevo modelo.
En la contratación de las consultoras, Rosado refirió que el concurso tendría una duración de dos años prorrogable a otros dos.
La función de los consultores en el nuevo modelo sería hacerse cargo de la productividad del personal sanitario para aplicarla según el cumplimiento de objetivos, la eficiencia de las actividades realizadas y por trabajar fuera del horario laboral.
El conseller de Sanidad anunció en octubre que las empresas consultoras, a las que definió como "herramientas de gestión", que asesoren a los gerentes para detectar las bolsas de ineficiencia y diseñen nuevas estrategias de productividad laboral cobrarán una cantidad fija, que entonces no precisó, además del porcentaje de beneficio sobre los ahorros conseguidos. El proyecto contempla contratar a tres profesionales por departamento: un jefe de proyecto con una dedicación de 1.800 horas anuales y dos titulados superiores. Además, habría que montar una oficina de apoyo en cada centro y dotarla de material informático.
Problemas y serios presenta también el bloque referido a la agrupación de los servicios generales como seguridad, limpieza, cocina, lencería, lavandería, mantenimiento..., cuya gestión ya privatizada se quiere adjudicar en bloque a las empresas que concurran.
El principal hándicap son los tiempos en los que finalizan los contratos que están en vigor.
Los que acaban a principios de año, como el de la seguridad de todos los hospitales, que finaliza a finales de febrero de 2013 y no admite prórrogas, no podrá ser adjudicado en tiempo al no haberse hecho pública la licitación del concurso que requiere dos meses de publicación en el diario de la UE.
De no adjudicarse el concurso para que entre en vigor el uno de marzo, los hospitales que quieran mantener la seguridad se verán obligados a pagarla mes a mes.
La única maniobra que podría hacer la conselleria es intentar convencer a la Intervención de que admita una prórroga especial por interés público.
El segundo escollo que plantea la adjudicación agrupada son los concursos que finalizarán en 2014, como el de la limpieza (en marzo y que asciende a 74 millones), que no puede incluirse porque según los organismos de control solo pueden agruparse los servicios cuyos concursos finalicen en 2013.
