El grupo popular de las Corts dio ayer un paso adelante tras el escándalo, revelado por Levante-EMV, de los sobresueldos abonados en efectivo y mediante sobre a sus diputados con fondos procedentes de la subvención que la Cámara otorga a las formaciones parlamentarias para financiar su labor. El síndic del PP, Jorge Bellver, ha decidido poner orden en el reparto de estos complementos, comenzando por el que reciben todos sus parlamentarios en compensación por los desplazamientos a actos fuera la institución o no cubiertos por ésta (las Corts sólo abonan kilometraje si hay comisión o pleno). Un plus, exento de tributar, de 360 euros fijos mensuales, haya desplazamientos o no. De hecho, lo perciben también los que gozan de coche oficial. A partir de ahora, los diputados tendrán que justificar esos viajes y cobrarán la dieta, con el tope de 360 euros. El que no acredite viajes no tendrá derecho a nada. Además, se erradicará el método de pago, en billetes y dentro de un sobre, un sistema que para muchos sólo se explicaba por la conveniencia de no dejar rastro y que ahora, con la polémica de los supuestos sobresueldos del extesorero nacional Luis Bárcenas (éstos de carácter ilegal), ha deteriorado la imagen del PPCV.

Los populares justifican esta compensación al entender que si los parlamentarios realizan un desplazamiento para un acto del grupo, lo lógico es que se les resarza. Otras formaciones, que no abonan estas dietas, lo cuestionan, y señalan que la Cámara ya paga un kilometraje y una indemnización por la distancia del domicilio del diputado a las Corts. Paralelamente, Bellver, quien ha heredado este régimen de pluses al margen de la nómina oficial de las Corts, busca la fórmula para dar transparencia a los otros sobresueldos, los que se abonan a los diputados que ejercen puestos de responsabilidad en el grupo y que iban desde los 300 euros de los portavoces de comisión, los mil de los miembros del consejo de dirección y los 2.500 del síndic y de los dos viceportavoces.

A partir de este mes, Bellver ha impuesto la norma de que nadie, entre el sueldo oficial y el sobresueldo del grupo, gane más que el presidente, Alberto Fabra, 77.000 euros anuales. Él mismo se lo rebajará a 700 euros. Pero el reto es cómo enterrar la opacidad actual. Una vía es a través de las declaraciones de actividades y bienes que han de presentar los parlamentarios al inicio y al final de legislatura. El síndic popular anunció que hoy solicitará la convocatoria de la comisión de Gobierno Interior para que se estudie un nuevo modelo de declaraciones «con el fin de que sean lo más transparentes posibles». «Sugerimos que se estudien los modelos de declaración del Congreso o del Senado, o el de ayuntamientos en los que haya existido consenso al respecto», afirmó. De este modo, Bellver abre la puerta a que los parlamentarios hagan públicos sus ingresos efectivos (rentas percibidas), aunque habrá que ver la letra pequeña. Sería un avance (ahora los diputados de las Corts no declaran sus ingresos) pero el sistema del Congreso, por ejemplo, no serviría para airear los sobresueldos: En las Cortes Generales los diputados declaran los ingresos obtenidos el año anterior a la toma de posesión del escaño pero de fuera del Parlamento. De este modo, sólo los que acceden por primera vez revelarían sus rentas (privadas o de otras instituciones) pero no los que renovaran el acta. Al parecer, la idea de Bellver es que se difundan todas las rentas percibidas y, de hecho, el miércoles aseguró que «personalmente» no tendría inconveniente en ello. Pero esta medida va a tener mucha contestación interna.

El modelo que no tiene truco es el de Castilla-La Mancha, que se aplica la número dos del PP, Dolores de Cospedal, quien está obligada a declarar (junto con el resto de altos cargos) todos sus ingresos. «La exigencia de transparencia de la sociedad —dijo Bellver— es hoy mayor y los políticos debemos adaptarnos y modificar las normas».

Compromís y EU instan al grupo mayoritario a enseñar las declaraciones de renta

Compromís y Esquerra Unida reclamaron ayer a los parlamentarios del PP que hagan públicos sus ingresos reales, para que los ciudadanos sepan qué sobresueldos están percibiendo de los fondos de las Corts para los grupos. Mònica Oltra, de Compromís, registró la petición de convocatoria «urgente» de la comisión del Estatuto del Diputado para aclarar los sobresueldos del PP, al tiempo que instó a los parlamentarios populares a mostrar sus declaraciones de la renta. «Ante un escándalo de esta magnitud en el que no se sabe si en estos sobresueldos se ha retenido la parte del IRPF, si los diputados han declarado ese dinero, si se pagan en las cuentas corrientes o con sobres en metálico, entendemos que, como mínimo, se tiene que reunir la Comisión del Estatuto para que se den explicaciones», aseveró. Marga Sanz, síndica de EU, dijo que el PP «tiene la obligación política y moral de informar a la ciudadanía de cuál es la remuneración real de sus 55 diputados». Sanz constató que parlamentarios del PP llegaban a cobrar casi 6.000 euros al mes y se preguntó si con ello «se puede ser sensible al sufrimiento de la calle».