Pía Calderón, la juez del TSJ que instruye el caso Blasco, está investigando una serie de correos en clave entre altos cargos de la Conselleria de Solidaridad que revelan su preocupación por el avance de las pesquisas. Los correos están firmados con los seudónimos de Jordi Ferrarons y el capitán Haddock. En el cruce de correos electrónicos, los dos interlocutores -uno de ellos presuntamente es el imputado Marc Llinares- reconocen que "el mal está hecho y no tiene remedio". La magistrada, que ha unido los mensajes electrónicos a la causa, tomó ayer declaración como imputado al exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Catalá Bas y como testigos al presidente de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana, Fernando del Rosario Romero, y a Eugenio Prado y Ángel Pérez.

Los mensajes son de mediados de octubre de 2010. Los correos electrónicos bajo sospecha recogen que los altos cargos de la conselleria acuerdan "pensar friamente cómo salir de la pesadilla" y arreglar "la ficha del borrador de presupuestos para no dar pie al escándalo". El interlocutor, que es un cargo político, añade: "Me preocupa mucho lo de Haití (el hospital) por las implicaciones oficiales que hay. Vuélcate con ello y trata de resolverlo lo mejor que puedas. Yo voy a iniciar mañana una ronda de explicaciones públicas con ONGs y medios de comunicación. Está en juego nuestra credibilidad".

Alexandre Catalá está imputado porque presuntamente dio contratos a firmas de la trama sin concurso. El exnúmero tres de Solidaridad aseguró ayer que firmó certificados de facturas porque "la dirección general lo comprobó y lo dio por bueno". Catalá defendió al exconseller Blasco y mantuvo que actuó con transparencia cuando se destapó el escándalo. Además, admitió que firmó un informe que eximía a Cyes de las irregularidades en octubre de 2010 (una vez transcendió el caso) a pesar de que está fechado en julio de 2010.

Bienestar Social ha emplazado a las ONGs que obtuvieron ayudas de Cooperación en la resolución deSolidaridad de 6 de abril de 2011 a que se defiendan de la demanda presentada por otras organizaciones que no la obtuvieron. De momento han denunciado a la Generalitat por la vía civil las organizaciones Atelier, Assemblea per la Pau, Solidaritat Internacional y Fiadelso. Bienestar Social reclama a las ONGs que podrían perder las ayudas ya concedidas en caso de que el contencioso-administrativo planteado tuviera éxito para que sean también parte demandada.