Un déficit de 3.460 millones y un endeudamiento de 29.437 millones al cierre de 2012, rozando el 30 % del PIB. Es el socavón en las cuentas de la Generalitat. La Generalitat ha responsabilizado del astronómico agujero al sistema de financiación autonómica, aunque, siendo realistas, una reforma del modelo, en el mejor de los casos, sólo aportaría mil millones extra, de forma que el Consell todavía habría gastado el año pasado 2.500 millones más de lo que ingresó. Hay otras claves, que el Consell de Alberto Fabra no puede señalar. Entre ellas, el crecimiento exponencial de las pérdidas y del endeudamiento del conglomerado de empresas, organismos y fundaciones que, huyendo de los controles exigibles a la Administración, ha proliferado durante 17 años de gobiernos populares. El Consell ha acometido ahora una reestructuración del sector público después de haber descarrilado con cifras mareantes: Desde 1995, ejercicio que gobernó el expresidente socialista Joan Lerma, hasta 2011, últimas cifras disponibles de la Sindicatura, las empresas y organismos multiplicaron por 30 su deuda a largo plazo; por 10, los débitos a corto; por 5,7, las transferencias de la Generalitat para mantenerlas vivas (de 162 a 933 millones); al tiempo que quintuplicaron sus pérdidas, hasta sumar unos número rojos acumulados de 8.760 millones.

Los datos los ha recopilado el portavoz adjunto del PSPV en las Corts Francisco Toledo, quien cuestiona que las medidas acometidas por el Consell -que conllevan la reducción desde los 76 entes existentes a julio de 2011, a 48 en enero de 2012 y con el objetivo de dejar sólo 30 al final del proceso- sean realmente efectivas. A su juicio, se trata de un "cambio cosmético" y, como ejemplo, señala que, de cara al presupuesto de 2012 otorgado al sector público, las transferencias y aportaciones de capital previstas desde el Consell al sector público, que conforman "lo que nos cuestan las empresas y entidades", recalca Toledo, se redujeron únicamente en 65 millones. ¿Dónde está el truco? En los ingresos que deben obtener las firmas públicas y en el recurso al crédito, que caen 765 y 318 millones, respectivamente.

Para 2013, la inyección pública bajará, al menos sobre el papel, 270 millones, y la financiación propia y el recurso al crédito, 120 millones. Pero Toledo advierte de la "argucia": El presupuesto del sector público pasó de 2.419 millones en 2012 a 2.029 este ejercicio, 390 menos. La reducción, sin embargo, incluye los costes financieros derivados de deuda de las empresas y organismos por 3.500 millones que ha sido asumida como propia por el Ejecutivo, con lo que no computará en el sector público pero habrá que abonarlos igualmente, de forma que la rebaja es "ingeniería financiera".

La Cuenta General de 2012, que se conocerá en agosto, permitirá verificar hasta qué punto se han cumplido los objetivos: Bajar de un presupuesto de 3.567 millones en 2011 a los citados 2.419 en 2012. Un descenso de 1.148 millones. Con 2013, la rebaja sumaría en dos años 1.538 millones. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha comprometido una reducción del gasto entre 2011 y 2013 de 1.365 millones.

Pero, antes de asomarse al precipicio, se dejó engordar el tinglado. De 1995 a 2011, el presupuesto de la Generalitat se multiplicó por 2,6 mientras las transferencias al sector público crecieron a velocidad de Ferrari, al multiplicarse por 5,7. Las pérdidas anuales se han quintuplicado: Si en 1995 se cerró con 166,9 millones de desfase,en 2011 las empresas y organismos gastaron 845,1 millones más de lo ingresado.

"La cortina de humo de los ERE"

"Fabra batió ese año el récord de pérdidas del sector público", censura el socialista, que añade otros datos alarmantes: La deuda a largo plazo del holding del Consell pasó de 222 millones en 1995 (similar a la cantidad que aportaban los presupuestos) a 6.712 millones en 2011, 30 veces más; mientras la carga a corto se decuplicó, de 373 a 3.957 millones. En total, una deuda financiera y comercial de 10.670 millones acumulada hasta 2011 -mil millones más que el último año de Camps-, diecisiete veces más que la existente en 1995, 598 millones.

A juicio de Toledo, el Ejecutivo de Fabra ha sido "incapaz" de poner en marcha en 2011 y 2012 la "inmensa mayoría" de las medidas previstas en el decreto ley de racionalización del sector público. En cambio, ha lanzado "como cortina de humo unos ERE con gran proyección mediática para trasladar el falso mensaje de que el problema era el coste de personal". Pero éste, según la Sindicatura, sólo supuso en 2011 el 10 % del gasto del sector público. Y añade: "Recortar el 40 % en lo que representa el 10 %, es sólo ahorrar un 4 % mientras apenas se toca el otro 90 %, donde se producen los despilfarros y pozos sin fondo".