En el Consell no hay dinero para nada... salvo para algunas cuestiones. Y una de ellas, máxime en época de vacas flacas electorales -un escenario inédito para el PPCV desde que en 1995 se hizo con el mando en la Generalitat-, las encuestas de opinión, que permiten al Ejecutivo pulsar las inquietudes políticas y las preocupaciones de los valencianos para anticipar las estrategias. El Gobierno de Alberto Fabra ha adjudicado la realización de estudios de opinión trimestrales que, tal como se ha confeccionado el pliego, le permitirá plantear preguntas de contenido político. El beneficiario es la empresa GFK-Emer Ad Hoc Research, SL, y comportará un desembolso económico en dos años de 239.580 euros, IVA incluido, a 119.790 euros anuales.

La Conselleria de Presidencia, que dirige José Císcar, sacó la licitación hace cinco meses, el 9 de noviembre de 2012, pero la demora en adjudicar el concurso -el 12 de marzo- y los trámites previos a su puesta en marcha -el contrato no podrá formalizarse hasta transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores, esto es, el próximo 15 de abril- permitirán al Consell disponer de encuestas hasta la misma precampaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Con el agravante de que el Gobierno valenciano se ha negado en redondo hasta la fecha a entregar los resultados de estas encuestas a las Corts. La oposición ha reclamado reiteradamente estos estudios pagados con fondos públicos al Ejecutivo pero éste los ha negado alegando que se trata de un "instrumento de trabajo de la Administración".

Una situación que puede cambiar a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Consell a informar a Compromís sobre todos los contratos menores suscritos con las empresas de la trama Gürtel, al entender que se trata de documentos "que no tienen por sí mismos carácter de secreto [el Ejecutivo había alegado que formaba parte de un caso sub iudice] sino todo lo contrario". De hecho, Compromís tiene pendiente un recurso ante el TSJ por la negativa a darle los sondeos.

El Consell incluyó en la ley de presupuestos para este año una cláusula que imponía la prohibición de tramitar "nuevos" contratos de servicio, entre otras materias, de encuestas de opinión. Del veto sólo se exceptuaban los contratos de este tipo "en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que no puedan ser atendidas por personal propio". Al sacar la licitación en noviembre -aunque la adjudicación por dos años se ha demorado cinco meses-, el Ejecutivo ha podido burlar su propia prohibición legal.