La promoción del valenciano, razón de ser -al menos, en la teoría- para la puesta en marcha de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) en 1989, no aparece por ningún lado en los estatutos de la nueva sociedad, surgida tras la limpieza de los 1.500 millones de déficit de la anterior.
La entidad actual, que dirige Rosa Vidal, tiene como "objeto social" la explotación de servicios de radio y televisión, la producción de imágenes y sonidos, la difusión de comunicaciones oficiales de interés público o la organización de espectáculos o acontecimientos, pero no quedan explícitas las obligaciones en favor de la lenguna propia.
Sí que lo están, por contra, todas las posibilidades comerciales y de privatización de servicios. Así, se incluye dentro del objeto social la comercialización, venta y cesión a terceros de producciones, y la edición de obras audiovisuales para uso propio o de terceros. También la adquisición -para sí misma o para cederlos a otros- de equipos e instalaciones.
La protección del valenciano queda restringida, de esta manera, a la mención que se realiza en la ley del Consell de julio pasado para la creación de la nueva sociedad, producto de la fusión por absorción de la televisión y la radio en una sola entidad.
Los estatutos -presentados al consejo de administración en su primera reunión- indican asimismo que entre las funciones de la dirección general (Vidal) está la de "elaborar la propuesta del contrato programa" para que sea aprobado por el consejo.
La disposición choca con lo evidenciado hasta ahora, pues ha sido siempre Presidencia de la Generalitat la que se ha manifestado sobre los contenidos y plazos de este documento, que debe fijar las líneas esenciales de la nueva RTVV en cuanto a qué se considera servicio público y qué franjas horarias o actividades se privatizan.
El contrato programa es además foco de polémica en las últimas horas, después de que Vidal señalara el pasado miércoles que la consultora Garrigues -uno de los actores del expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa- también trabaja en este proyecto y ya ha elaborado unas "líneas maestras".
Fuentes de RTVV afirmaron ayer que este despacho de abogados se ocupa de la "asesoría jurídica" en la redacción del contrato programa, que depende de la Generalitat y de RTVV.
Al respecto, el portavoz adjunto de EU en las Corts, Ignacio Blanco, registró ayer varias preguntas así como solicitudes de documentación interesándose por las condiciones de la externalización del contrato programa al despacho Garrigues. Para Blanco, resulta chocante que la nueva dirección se encuentre con un contrato en vigor con el despacho cuando esa labor le correspondería hacerlo a la actual directora.
