La mujer de un directivo de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Noé Gutiérrez, contratada como letrada asesora externa de FGV, desde 1989 hasta 2004, cobró "durante años" una "igual" o cantidad fija a la empresa, aunque no realizara trabajos, según revela a Levante-EMV un ex directivo de la empresa ferroviaria. Se trata de la letrada Rosa Gutíerrez Díaz que, según admite FGV, "suscribió en 1989 con FGV un contrato de arrendamiento de servicios, cuyo objeto lo constituía la prestación de servicios de asesoramiento jurídico".

La letrada, que coincidió con su marido en la asesoría jurídica, "comenzó a cobrar una cantidad fija de la empresa hiciera o no hiciera algún trabajo jurídico para FGV", según explica el ex directivo. Esta situación se prolongó "hasta la llegada de Jorge garcía Bernia como gerente, que decidió poner orden y fijar que sólo cobrara por cada trabajo que realizara en lugar de una cantidad" más o menos fija.

Según reveló en las Corts el diputado socialista, Francesc Signes, durante la intervención de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, para explicar el ERE en FGV, la letrada y mujer del directivo llegó a facturar 34.000 euros anuales a la empresa ferroviaria por sus trabajos.

La buena estrella de la letrada continuó en 2004 cuando, sin presentar ningún tipo de demanda, logró que FGV la hiciera fija y que se le reconocieran los 15 años de antigüedad en los que había estado trabajando de forma externa para la empresa. Así que de facturar unos 34.000 euros pasó a tener una nómina de 67.000 euros. Esta "regularización se trasladó, en tiempo y forma, al Comité de Empresa de FGV en Valencia", alegan fuentes oficiales de Ferrocarrils. El ahorro, alegado para justificar su contratación, "no se entiende porque facturaba 34.000 euros pero ha pasado a cobrar 67.000 euros de la empresa".

A esta cantidad se añade el sueldo que cobraba Noé Gutiérrez como directivo de FGV, que ascendía a 96.500 euros, antes de que el actual gerente, Pablo Cotino, decidiera fijar su salario (55.000 euros) como tope para todos los directivos de la empresa (excepto guardias y antigüedad). Cotino aseguró en una entrevista concedida a Levante-EMV que "cuenta" con Noé Gutiérrez porque "ha sido un pilar fundamental desde que llegué. Me da confianza absoluta y es muy necesario para mi estructura actual".

No tuvieron tanta suerte otros seis trabajadores en una situación muy parecida a la de Rosa Gutiérrez Díez, quien tuvieron que litigar y demandar a FGV ante los tribunales para conseguir el mismo logro que la letrada.

"En línea con esta actuación de la nueva dirección de aquella época, se llevó a cabo también la regularización de distintas contrataciones que existían con terceros, procediéndose a otorgarles la condición de personal laboral indefinido, en aquéllos casos en los que concurrían los requisitos exigidos por la jurisprudencia para tal fin. Estas seis personas se han incorporado a la empresa como personal fijo, cinco por acto de conciliación y otra tras sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana", admite Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en un informe elaborado a instancias de la consellera, Isabel Bonig. FGV defiende a capa y espada la "actuación".

El director adjunto de gestión, Noé Gutiérrez, fue el responsable de gestionar en FGV, junto a la Abogacía de la Generalitat, las indemnizaciones de las víctimas del metro. Gutiérrez pasó de ser un trabajador de la asesoría jurídica de FGV a dirigirla y, quince meses después del siniestro, a ser nombrado director adjunto de gestión. Las víctimas siempre han criticado que las cantidades pagadas a cada familia fueron distintas y que recibieron información sobre las indemnizaciones "por separado" para evitar que pudieran compartir la información que se les daba. Por las 43 muertes y los 47 heridos se pagaron 5.438.519 euros en indemnizaciones aunque el límite de cobertura con Zurich Seguros era de 12 millones. Según dijo Gutiérrez en un escrito dirigido a Levante-EMV "se asumió el criterio de la sentencia de Biescas y se fijó una cantidad mínima de 186.871,16 euros que variaba según las circunstancias personales y familiares de las víctimas". Y añadía que "18 sentencias dictadas de lo contencioso han desestimado las demandas" de las víctimas lo que "que ratifica que fueron conforme a ley". L. B.Valencia