Que las empresas privadas son más eficientes y eficaces que la Administración puede ser cierto o simplemente una leyenda urbana. Éste sería el caso de la confección de las bolsas de trabajo de personal que trabaja en Justicia (oficiales, agentes judiciales, auxiliares o médicos forenses) a cargo de una empresa privada a la que la Conselleria de Governació cedió por contrato la labor de resolver los concursos de méritos baremando a todos los aspirantes a formar parte de las bolsas. La Dirección General de Justicia externalizó la labor de puntuar a más de 20.000 aspirantes, según explicó ayer Intersindical Valenciana. Tras agotar los seis meses de plazo que tenía la empresa por contrato no había rematado su labor y se vio obligada a solicitar una ampliación de contrato para acabar el trabajo. Finalmente, quedaron confeccionadas cuatro bolsas, según categorías profesionales, por cada una de las tres provincias valencianas.

El resultado final ha sido una "chapuza", según denunció este sindicato. La prueba, apuntan, es que el pasado jueves solamente en Valencia se habían presentado por registro más de 400 reclamaciones por discrepancias con las puntuaciones otorgadas, sin contar las quejas formalizadas en los puntos Prop o en Castelló y Alicante. "Hay gente que ha sido excluida de entrada por no acreditar alguna titulación o conocimientos de mecanografía cuando son personal interino al que no le afectaban esos requisitos", explicó ayer Rafael Redondo, de la sección de Justicia de Intersindical Valenciana. Desde este sindicato denuncian que ya de entrada resulta sorprendente que se encargue a una empresa privada la gestión de "datos personales" y que se "menosprecie" a los funcionarios como si con la empresa privada "se ahorrara y fuera más rápido".

Ayer finalizaba el plazo de las reclamaciones y en vista del caos que se ha generado, tanto Redondo como el responsable de función pública del sindicato, Adel Francés, avanzaron que exigirán que el proceso empiece de nuevo desde el principio. "Queremos que se rebareme a todo el personal, haya presentado o no reclamación, en vista del desastre y que sean funcionarios de la Generalitat los que se encarguen de la nueva puntuación", comentó Francés. "Me parece irregular que los datos personales se privaticen", concluyó el dirigente sindical.