Cuando llevaba 23 años de emisiones, a Canal 9 le crearon una nueva partida de nacimiento (la ley 3/2012 de 20 de julio), le cambiaron la cara ( pasó a llamarse comercialmente Nou) para que no la reconocieran, le escribieron un nuevo guión (abanderada de la "transparencia") para enterrar una historia de excesos, encomendaron su tutela a una técnico llamada Rosa Vidal y, finalmente, se recortó su margen de maniobra y para evitar sorpresas se otorgó a terceros la producción de 1.706 horas de programas. Y toda esta estrategia de reanimación se trazó en paralelo al despido de un millar de trabajadores a través del ERE que ayer anuló el TSJ.
Como sucede a muchos enfermos terminales, al final el paciente falleció por una gripe que se complicó. Por no poder o no querer asumir el pago de 40 millones, la diferencia entre ejecutar la sentencia de nulidad de los despidos y asumir la plantilla o cerrar, según cálculos del Gobierno valenciano. La decisión de echar la persiana se adopta ante el horizonte de tener que digerir a 1.695 empleados, con unos costes salariales de 72 millones. 40 millones, el "ahorro" por liquidación es la sexta parte de lo que ha dilapidado RTVV en una intermediación en la compra de derechos del fútbol que se ha interpretado como financiación encubierta al Valencia CF, Villarreal CF y Levante UD. Fuentes del Consell indicaron que la televisión pública es inviable, incompatible con el mantenimiento de otros "servicios públicos" que el actual Gobierno entiende que son "más prioritarios".
El Canal 9 que heredó el PP con 16 millones de deuda y que acabó multiplicándola por 81 será enterrado con la máxima celeridad posible por el Consell para evitar mayor desgaste político y que la oposición invada los telediarios. Fuentes sindicales indicaron que para ejecutar un ERE de extinción es necesario que transcurran 6 meses desde que se resuelva el anterior expediente. Esto es, cuando sea firme la resolución judicial, cinco días después del fallo de ayer, que es el plazo para presentar recurso, una posibilidad descartada por el Consell.
Evitar el fundido a negro
Presidencia quiere, sin embargo, acelerar los plazos y liquidar la empresa en apenas mes y medio. Previamente ha de cambiar la ley de creación de la nueva RTVV SAU. Una de las incógnitas, al margen de la legalidad y fórmula de liquidación, será ver si en el actual clima de desazón en la plantilla, en el corredor de la muerte laboral, los directivos -aquellos que no presenten su dimisión- son capaces de mantener la continuidad de las emisiones. Habrá que ver si el Consell evita, además una línea editorial crítica y "boomerang", el fundido a negro, argumento empleado por Rosa Vidal para repescar a 186 técnicos que debían abandonar la casa antes del 31 de agosto y fueron repescados. Tarde, mal y violando el principio de igualdad respecto a los que ya despedidos, ha venido a señalar el TSJ.
La sentencia de nulidad obliga a readmitir a los trabajadores, que devolverán las cantidades percibidas como indemnización y el subsidio de desempleo. Por contra, cobrarán los salarios íntegros desde el día en que salieron de RTVV. Pero en la práctica, tras la decisión del Consell de liquidar la nueva televisión -eutanasia ya aplicada a la anterior- los despedidos y los 676 que ahora integran la plantilla acabarán todos en la calle. Con las nuevas indemnizaciones por despido que deberá afrontar el Consell de Fabra.
Las productoras de los programas privatizados serán indemnizadas
El pliego de condiciones se elaboró a la carrera, fue presentado a los interesados -73 productoras acudieron a aquel cónclave- un 2 de agosto y al final ocho grupos pujaron a codazos por quedarse con los tres lotes de programas que se privatizaron. Finalmente, resultó ganadora la alianza formada por Endora, Mecomlys y Videac, filial esta última de la firma Tres 60, presidida por el exministro Josep Piqué y controlada por el fondo de inversión HIG. A la pata valenciana de esta UTE, el grupo Mecomlys, pertenece, entre otras, Canal 7 Televalencia. El empresario Ángel Raga es socio mayoritario de este conglomerado audiovisual. Con las mejores rebajas económicas sobre el precio de licitación (en un caso hasta fue calificada la baja de temeraria), ganó el concurso con un precio global de 9.268.730 euros. En plena fase de preparación de los programas para ser emitidos a lo largo de un año -es la duración del contrato-, a estas productoras les sorprende ahora el cierre de RTVV. La cadena pública deberá indemnizarlas. La directora general, Rosa Vidal, introdujo una cláusula de resolución del contrato para el caso de que el TSJ anulara el ERE, como así ha sido. Concretamente percibirán un máximo de dos mensualidades completas, el equivalente a 1,5 millones de euros. De cara a las productoras, el cierre no tendría de entrada trascendencia a efectos de indemnización, aunque obviamente sí aborta las expectativas de trabajo con vistas a futuros concursos de adjudicación de la rejilla de programas de RTVV. Una de las condiciones exigibles a las productoras era la obligación de cubrir al menos un 70% de su personal con trabajadores con experiencia en el sector audiovisual valenciano, que era como decir en Canal 9. Una vía de salida del paro, que con la defunción de RTVV queda también taponada.
