Una sentencia ha reconocido a los dependientes con ayuda pública para residencia que tienen derecho a elegir libremente una modalidad distinta a la de las plazas públicas y concertadas, que es la que venía imponiendo por norma el Consell. Esa solución beneficiaba a un grupo de empresas que gozan de un trato preferencial en la Administración bajo la llamada fórmula de «accesibilidad social». Entre ellas figura la empresa que ha pertenecido a la familia del presidente de las Corts, Juan Cotino (Centros Residenciales Savia).
Ahora, la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo Sección Quinta del TSJ que desestima el recurso de estas empresas contra la Conselleria de Bienestar Social no reconoce la exclusividad de estas empresas con respecto al resto de plazas con financiación pública del sector de la dependencia. Esto es, que la Generalitat puede proporcionar subvenciones directas a los usuarios que lo pidan sin tener ninguna obligación de asignarle las plazas concertadas de estas empresas de manera preferencial. Con la ayuda económica mensual, el usuario ya elige la residencia privada que prefiera por profesionalidad o cercanía, aunque le cueste más caro.
En las dos últimas semanas según fuentes del sector la Conselleria de Bienestar Social ha resuelto alrededor de 600 solicitudes de Prestación Vinculada al Servicio que llevaban aparcadas desde 2009, 2010 y 2011. El Consell las ha resuelto reconociendo la retroactividad pertinente. Equivalen a entre 11.000 y 15.000 euros de media en la mayoría de casos. La asociación Aerte aplaudió ayer la sentencia y la reacción de la conselleria.
