Algunos círculos universitarios reclamaban más rotundidad y claridad al equipo del rector Esteban Morcillo. Y el comunicado de la Universitat de València de ayer sobre la cuestión de la lengua no peca de tibio. Incluso de manera indirecta, poniendo por delante las comillas de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) de 2006, la institución académica deja caer que «la única razón de la posición de la Generalitat es la obstinación de la ignorancia y el rechazo de los criterios científicos que avalan la unidad lingüística». Es lo que el órgano legal en la misma línea falló también el Tribunal Supremo dictaminó sobre el veto del Consell al título de Filología Catalana para acreditar conocimientos de valenciano.
La declaración institucional de la Universitat llega horas antes de que el Consell Jurídic Consultiu se pronuncie sobre si la definición de valenciano del Diccionari Normatiu Valencià (DNV), aprobado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), respeta el Estatut d'Autonomia.
Uno de los puntos de debate es si un dictamen no vinculante del citado órgano consultivo puede pasar por encima de las sentencias (más de treinta, acumuladas por las universidades y sindicatos de enseñanza) judiciales.
En este contexto, la Universitat exigió ayer «el acatamiento de las sentencias judiciales que avalan la unidad lingüística de valenciano y catalán» ante las declaraciones políticas sobre la definición que «han generado una tensión que ha derivado en actos vandálicos y amenazas a la integridad de las personas, que no son aceptables y que alteran la convivencia». Se refiere a las pintadas contra el presidente de la AVL, el profesor Ramon Ferrer, y otros académicos.
Al respecto, pide «la máxima vigilancia y diligencia para evitar la reproducción de los hechos» y «su potencial conversión en actos de violencia».
La institución recuerda desde la sentencia del Constitucional de 1997 que zanjó que la definición estatutaria no es excluyente hasta las más recientes de 2012 y 2013 del Supremo y el TSJ, respectivamente.
En esta misma línea, Acció Cultural del País Valencià presentó ayer un extenso documento al Jurídic Consultiu para que «acate» las sentencias sobre la lengua.
Por su parte, la consellera de Educación y Cultura, Maria José Català, insistió ayer en la posición del Gobierno de Alberto Fabra y defendió que la definición de valenciano del Estatut está por encima de cualquier consideración y «es la definición de la lengua que tiene que primar en este momento en la Comunitat Valenciana». Eso sí, aseguró que la intención es trabajar en consenso con la AVL, si bien espera que el CJC actúe «en la línea» del dictamen que emitió en 2004, contrario a la entidad lingüística.
