La juez del metro, Nieves Molina, ha citado a declarar, en calidad de imputados, a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en la nueva investigación sobre el accidente del 3 de julio de 2006 en el que murieron 43 viajeros de Metrovalencia. Los tres imputados son responsables técnicos de la empresa ferroviaria en el momento del siniestro, que comparecerán por su responsabilidad directa en las decisiones sobre el proyecto de instalación de las balizas de frenado en la Línea 1 del metro. Se trata de Vicente Contreras Bórnez, director adjunto de explotación en 2006 y número dos de la entonces gerente, Marisa Gracia; Francisco García Sigüenza, director técnico de FGV y considerado el «número 3» de la empresa; y Francisco Orts Pardo, responsable de la dirección de Estudios y Proyectos, el departamento en el que recayó la supervisión de los trabajos de instalación del sistema de frenado, aunque bajo la férrea tutela de los dos primeros directivos y máximos responsables técnicos de FGV.

Es la primera vez, en toda la investigación judicial sobre el accidente del metro, que la juez cita a declarar como imputado a algún responsable de FGV. Durante la primera instrucción entre 2006 y 2007, que se prolongó durante 14 meses en dos tandas, la magistrada sólo consideró penalmente responsable al maquinista que conducía el tren siniestrado, Joaquín Pardo Tejedor, fallecido en el siniestro, lo que dio pie a archivar la causa por «extinción de la responsabilidad penal».

La titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia ha tomado esta decisión a instancias del letrado de una de las víctimas, Virgilio Latorre, quien solicitó el 27 de febrero la imputación de cinco técnicos de FGV y del «enlace» de Siemens con la empresa, como adelantó Levante-EMV. La juez se negó en un primer momento a citarlos a declarar como imputados, aunque Latorre presentó un recurso de reforma, al que se adhirieron el resto de letrados y la Fiscalía, pero al que se opuso el letrado de la Generalitat. Es este último recurso de reforma el que la juez admite ahora parcialmente ya que inculpa a tres de los técnicos que solicitaban las partes, pero evita implicar a los otros tres, según el auto dictado por la juez, con fecha del 5 de mayo.

El letrado que ha solicitado la imputación basa su petición en que «existió un error de programación y planificación de las balizas, que fue determinante en el descarrilamiento y vuelco de la unidad de tren articulada (UTA)» por lo que considera «insuficientes las medidas de protección de la curva mediante una señalización visual (la señal vertical de limitación a 40 kilómetros por hora), habiéndose podido proteger adecuadamente la curva con la sola programación de otra baliza». De hecho, tal como confirmaron varios de los técnicos de talleres y los policías que han declarado en el juzgado, «la baliza 1680 (ubicada a mitad del túnel entre las estaciones de Plaza de España y Jesús) podría haber cumplido una función de control de la velocidad del tren, si se hubiese adaptado al límite consentido en ese tramo de 60 km/h».

Para la juez el «asunto» de la baliza ya se «debatió» en la anterior instrucción. Sin embargo, en cumplimiento del auto de la Audiencia de Valencia que reabrió en enero la causa y que la obligaba a tomar declaración a los responsables de las balizas en FGV, la juez concluye que «salvo errónea interpretación de esta juzgadora, que el tribunal entiende que aquellos pueden ser responsables penalmente a título de imprudencia de los hechos objeto del presente procedimiento».

Nieves Molina también dudaba si imputar a los directivos o no, «porque en situaciones normales la imputación supone un estatus procesal que garantiza su derecho a defensa» pero en «otras situaciones comporta una innegable carga procesal, que se agrava en procedimientos como el presente debido a la trascendencia pública o repercusión mediática». Finalmente, para evitar la «indefensión» de los tres directivos, se les cita a declarar el próximo mes de junio.