La Federación Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Fevalcee) ha presentado contra la Conselleria de Economía un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, por «vulneración de derechos fundamentales» en relación a la Orden 12/2014 por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo en el ejercicio 2014.

El presidente de Fevalcee, Juan García Sentandreu, explicó que de las tres ayudas básicas para la financiación de los centros especiales de empleo, el Consell «decidió suprimir dos de ellas, concretamente la creación de empleo fijo y las unidades de apoyo», que además, deben ser entendidas como aquellas que contribuyen a una mejor integración laboral y social de las personas con una discapacidad más severa, como son los discapacitados intelectuales, enfermos mentales y físicos de más del 65% de discapacidad.

Fevalcee considera en su demanda que la actuación de la Consellería es «arbitraria, gratuita, subjetiva y constitucionalmente inadmisible».

Sentandreu afirmó que el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales viene recogido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para aquellos supuestos donde se produce «una grave quiebra de los principios básicos sobre los que se asienta la Constitución y nuestro Estado de Derecho», como considera que ha ocurrido en este presente caso.

Al respecto, acusó a la Conselleria de Economía de haber «vulnerado el principio de igualdad y el reparto competencial» fijado en la Carta Magna y una norma nacional de «obligada observancia» para las comunidades autónomas, como es el caso de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, donde se determina «con meridiana claridad las bases mínimas de ayudas que deben tener este tipo de empresas protegidas».

Para la Federación de Centros, y como fundamentan en su recurso, la Orden 12/2014 de la Consellería, «lejos de cumplir con estricta observancia el mandato constitucional y la orden Ministerial que regula esta materia, ha decidido recortar y suprimir las ayudas configuradas en una norma estatal».