El juicio contra el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, y otros diecisiete acusados de pertenecer al grupo neonazi Frente Anti Sistema arrancó ayer en Valencia nueve años después de la desarticulación de la banda. La Audiencia de Valencia ha puesto en busca y captura a uno de los líderes del grupo, José Manuel S. M., al no presentarse en la sala. Un segundo responsable de la organización, Pedro David M. G., tampoco acudió ayer a la vista, pero su abogado justificó que está ingresado en un psiquiátrico desde el viernes. José Manuel S. y Pedro David M. estaban al frente de la Junta de Mandos del grupo con otros dos procesados.
Los cuatro presuntamente decidían de forma asamblearia todas las decisiones relativas a la estructura, funcionamiento y actividades del grupo, que se dedicaba a realizar proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nacional socialista a través de una página web y de charlas en su sede social de Valencia. Según la Fiscalía, la banda se financiaba con la venta de armas y la acusación popular mantiene que es la organización neonazi más importante desarticulada en España. Los procesados defendían el uso de la violencia contra determinadas personas por razón de su origen social, orientación sexual o creencias religiosas. La banda justificó las medidas que adoptó el gobierno alemán contra el pueblo judío y negaba el Holocausto. Las defensas alegaron ayer que están siendo perseguidos por sus ideas y que es «un juicio político». Los imputados se enfrentan a penas que suman cincuenta años de cárcel. El caso está envuelto en una gran polémica por la destrucción de las armas intervenidas al grupo y que el fiscal quería utilizar como prueba.
El juicio arrancó ayer, aunque las partes se limitaron a debatir sobre cuestiones procesales. Los imputados deberán testificar a partir de esta mañana, aunque sus abogados ya han anunciado que se van a acoger a su derecho a no declarar.
España 2000
El fiscal acusa a 18 procesados, entre los que también está el concejal de España 2000 en Silla José Alejandro Serrador, que podría ser condenado a tres años y medio. El fiscal pide para el asesino de Guillem Agulló, que ya cumplió cuatro años por el asesinato, dos años de cárcel por pertenencia a asociación ilícita. Ayer solo comparecieron en la vista 15 acusados. Los tres procesados que faltan son los dos líderes y uno de los jefes de la segunda escala de mandos (Facundo E. F.), que hace meses que huyó a Argentina.
Fuentes próximas al caso explicaron que el huido Juan Manuel S. está en Marruecos. Juan Manuel S., para el que piden 3 años de cárcel, fue la persona que alquiló la sede social del grupo en la avenida Tres Cruces de Valencia y la Guardia Civil intervino en su casa dos escopetas, una carabina, una pistola de aire comprimido, un trabuco, una daga, una porra y numerosa cartuchería. El supuesto cabecilla ingresará en prisión si cruza de la frontera para entrar en España.
El segundo responsable del grupo que ayer no se presentó en la vista, Pedro David M., ingresó el viernes en el centro psiquiátrico San Onofre de Godella por una crisis de estrés. En su caso, la ausencia sí que está médicamente justificada. La Guardia Civil se incautó en la vivienda de Pedro David M. y de su compañera (que también está acusada y sí acudió a la vista) de una ballesta con mira de precisión, cajas metálicas de bola para ser disparadas con pistola y armas blancas.
El grupo fue desarticulado en 2005 tras dos años de pesquisas. La Guardia Civil descubrió que la organización contaba con una estructura jerárquica compuesta por la Junta de Mandos, tres jefes de grupo y el resto de miembros. Los jefes de grupo cobraban las cuotas, captaban afiliados, transmitían las decisiones de la Junta de Mandos y controlaban el grado de compromiso de los correligionarios.
«Juicio político»
En la desarticulación del grupo fueron claves las intervenciones telefónicas. Las defensas solicitaron su nulidad al sostener que la intervención fue desproporcionada. Los abogados insistieron en que el juicio tiene «tintes políticos» a pesar de que a uno de los procesados le intervinieron un lanzagranadas inutilizado y de que la Guardia Civil se incautó de una gran cantidad de armas. La sala acordó continuar con el juicio y pronunciarse sobre las escuchas en la sentencia. Los letrados también pidieron la nulidad de los registros. Los abogados incidieron en que algunos registros se realizaron sin las garantías legales como que se practiquen en presencia del abogado del detenido. Los magistrados decidieron en ese momento aplazar la vista hasta hoy para analizar el asunto en profundidad.
