La reforma de la ley electoral que está cocinando el Partido Popular es, por ahora, secreto de Estado en los matices, aunque la letra gruesa que ha trascendido ha sido ya suficiente para provocar una polémica con ribetes de escándalo. La «elección directa de alcaldes» en terminología de los populares, un «golpe de Estado municipal» para la oposición contempla que el candidato que alcance el 40% de los votos será automáticamente el dueño de la vara de mando porque se le primará de tal forma que tendrá la mitad más uno de los concejales, según explicaron ayer fuentes populares. Las mismas indicaron que en el caso de que ninguno de los contendientes en la carrera hacia la alcaldía alcance el 40%, la reforma podría contemplar que se celebrara una segunda vuelta, a la francesa, en la que concurrirían los dos aspirantes más votados. En ese caso, el reparto de concejales se efectuaría en función de los resultados de esa primera elección con un factor corrector al alza para los dos finalistas.

La doble vuelta entre los candidatos con más predicamento si nadie alcanza la mayoría absoluta, fue reivindicada por los socialistas y hasta incluida en el programa electoral. En todo caso, no hay nada definitivo, advierten desde el PP, partido que está abierto a escuchar propuestas, según han reiterado desde el Gobierno y desde el partido. El propio presidente Mariano Rajoy apuntó que no se abordaría la reforma sin contar con el consenso de los partidos.

El líder del PSPV, Ximo Puig, arremetió ayer contra la iniciativa del PP basada, dijo, «en un análisis de los resultados para conservar la mayoría política cuando han perdido la mayoría social».

«40 no puede ser más que 60»

«Democráticamente 40 no pueden ser más que 60, por lo que no es razonable en términos democráticos que a meses de las elecciones se cambien las reglas del juego». «El PP está a la desesperada y quiere mantenerse en el poder aunque sea costa de la democracia», denunció Puig, quien acusó a «Fabra, Barberá y Rajoy» de estar «jugando con fuego». «En vez de ser responsable, Rajoy es un bombero pirómano que quiere abrir otro frente más de deslegitimación y deterioro de la democracia representativa», lamentó.

El dirigente socialista acusó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de practicar el «cinismo sin límite» cuando critica la posibilidad de pactos de izquierda para desalojarla del poder. «Ella llegó a alcaldesa [en 1991 merced al acuerdo entre PP y Unión Valenciana] por un pacto cuando sacó 1 concejal más que Lizondo y 4 menos que Clementina Ródenas», denunció Ximo Puig.