El Ivvsa ha citado a la familia del barrio de la Fuensanta que quiere desahuciar después de treinta años para buscar una solución. Los afectados, como reveló Levante-EMV, adquirieron de buena fe la casa en 1985 a una persona que se la compró al Estado en 1974 como vivienda de protección oficial, pero no la inscribieron en el Registro. La Administración ha tardado treinta años en descubrir la irregularidad y hasta ahora se ha mostrado implacable ante una familia que subsiste con 568 euros al mes. El caso ha tenido trascendencia nacional en las televisiones privadas.
El problema es que el vendedor dejó de pagar 360 euros al Instituto Nacional de la Vivienda y la propiedad no se elevó nunca a escritura pública. El comprador, Roberto Garrote, ha intentado en los últimos meses llegar a un acuerdo con el Ivvsa sin éxito.
La llamada del Ivvsa se produce después de que la asociación de vecinos de la Fuensanta mostrara públicamente su apoyo a la familia. El colectivo denunció que hay muchas familias que se han instalado en las viviendas públicas del barrio tras «dar una patada en la puerta» y el Ivvsa solo se ha fijado «en una persona que compró de buena fe la casa hace treinta años». El presidente de la asociación de vecinos insistió en que Roberto Garrote «es una persona honrada que ha trabajado como electricista hasta su jubilación». Garrote también recibió la visita y el respaldo de los concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia Anaïs Menguzzato y Vicent Sarrià.
