En las paredes de las Corts todavía resuenan las risotadas que provocó el debate, a finales de los 80, de una iniciativa parlamentaria que pretendía definir la «auténtica paella valenciana», ingredientes incluidos, todos ellos de la tierra. «¿Y si el conejo viene del otro lado del Sènia? ¿Será paella valenciana?», llegó a inquirírsele al proponente, blanco de todo tipo de chanzas. Un cuarto de siglo después la paella volverá a la tribuna de las Corts. El Consell ha incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2015, en las cuentas de la Agencia Valenciana de Turismo, una subvención destinada a la «Asociación Valenciana para el conocimiento y reconocimiento de las auténticas paellas de la Comunitat Valenciana».
La ayuda, de 15.000 euros, está destinada a dar respaldo a la plataforma «Wikipaellas», que es la respuesta, según los promotores de la iniciativa, al hecho de que «el gran plato de la gastronomía española, a medida que se ha hecho global, ha ido perdiendo autenticidad». Eso sí, a diferencia de los diputados de los 80, los impulsores no son reduccionistas. «Los ciudadanos de la provincia de Alicante, Castelló y Valencia tienen versiones muy diferentes de lo que significa 'auténtica paella'», por lo que en Wikipaella «tienen cabida todas las versiones de auténtica paella, porque no hay una única, sino tantas como recetas heredadas de nuestros mayores», indican los promotores.
Y es que las «señas de identidad», cuya pureza quiere vigilar el Consell, vienen regadas con subvenciones en los presupuestos. Así, Gobernación, en el programa de Desarrollo autonómico, ha consignado una subvención de 150.000 euros destinada a un convenio con la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer. Los fondos, que se repartirán a partes iguales en las tres provincias, pretenden impulsar los «bous al carrer» como foco de atracción turística y también contribuir a reforzar la seguridad.
Rubio: «Para sondeos hay dinero»
Por otro lado, el Consell ha modificado la redacción del articulado de la ley de presupuestos para poder contratar a partir del 1 de enero de 2015 estudios y encuestas de opinión pública. En las cuentas de 2014, en el marco de los recortes y medidas de contención del gasto corriente, el Ejecutivo se impuso la prohibición de contratar determinados servicios, entre ellos, encuestas. En el proyecto de 2015, los estudios de opinión se han caído. De este modo, podrá encargar sondeos de cara al 24-M.
El portavoz adjunto del PSPV Rafael Rubio no ocultó su indignación: «No hay dinero para exclusión social ni para políticas activas de empleo, pero sí para encuestas». «Vienen elecciones y se demuestra que las promesas de Fabra de austeridad eran una falacia», remató.
