El pleno del Consell dio luz verde ayer al polémico anteproyecto de Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, una iniciativa para arrinconar a la Acadèmia Valenciana de la LLengua (AVL) e intentar enganchar al electorado originario de la antigua Unión Valenciana con vistas a los comicios de mayo de 2015. La norma da entrada a las entidades secesionistas Real Acadèmia de Cultura Valencia (RACV) y Lo Rat Penat en un observatorio que tendrá por objetivo vigilar la pureza de las señas de identidad y proponer, llegado el caso, la retirada de subvenciones públicas a aquellos organismos que, según su criterio, lleven a cabo actividades que «supongan un agravio o menosprecio» a las señas.
El conseller de Gobernación, Luis Santamaría, llegó a admitir en rueda de prensa que se había optado por incluir a estas entidades y no a otras, como Acció Cultural o la Societat Coral el Micalet, por su afinidad con el Partido Popular. Inquirido por los periodistas sobre los criterios para elegir a los integrantes del observatorio, el conseller puntualizó que el Consell está sostenido por un partido , el PP, que «está más identificado» con esas entidades, al tiempo que defendió su carácter centenario. «Las instituciones a las que usted hace alusión (Acció y El Micalet) están más identificadas con proyectos de integración cultural políticos que este Gobierno no comparte», respondió a un periodista.
Del observatorio queda fuera finalmente la AVL, pero también el Consell Valencià de Cultura (CVC) a pesar de que Gobernación había sopesado incluirlo. Santamaría justificó la exclusión de los organos estatutarios en que se ha optado por instituciones de la sociedad civil y que los primeros ya tienen su propio reconocimiento. Así, el órgano, de carácter «independiente», estará integrado, además de por la RACV, Lo Rat, y por responsables de Gobernación, por el Tribunal de las Aguas; la Junta Rectora del Patronato del Misteri d'Elx; el Patronato de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí; la Federació de Pilota Valenciana; la Federación de Folklore, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valencian y la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer.
Santamaría, que compareció por segunda vez en tres semanas para explicar la controvertida ley, pasó apuros para contentar algunas de las cuestiones que le plantearon los informadores. Negó que se esté buscando el enfrentamiento con la Acadèmia y mantuvo que es una ley de consenso. En realidad, son muchas las voces críticas con la iniciativa del Ejecutivo valenciano. De hecho, tampoco internamente cuenta con el respaldo unánime de los populares.
El CJC ha criticado duramente su exclusión y el presidente de las Bandas de Música pidió expresamente que diera entrada a otras entidades. También se ha desmarcado la AVL y todos los rectores de las universidades públicas valencianas que ven en este proyecto una amenaza a su autonomía.
El texto, tal como este diario ha ido desgranando, conserva las sanciones por los agravios a las señas de identidad, y, en especial, a la lengua. Así, en su articulado recoge la necesidad de que todas las instituciones de la Generalitat o administraciones públicas, sistema educativo, medios de comunicación o entidades que cuenten con financiación pública «adecuen sus actuaciones al pleno respeto de la lengua». De no hacerlo, se tomarán medidas. «¿Qué considera un ataque a la lengua?», «¿Defender la unidad de la lengua sería un ataque?», «¿Se retirarán subvenciones a las universades?» , fueron algunas de las cuestiones que se plantearon al conseller y que éste respondió con evasivas. Defendió que la ley no tiene un carácter lingüístico y que no busca entrar en conflicto con la Acadèmia. Insitió en que el objetivo era poner en valor lo que nos define como pueblo ante «determinadas posturas de ruptura».
Animalistas a favor de los bous
Según el conseller, la norma no es «fiscalizadora, ni represora» ni tampoco busca «quitarle el dinero a ninguna institución», aunque reconoció que no se podrán emplear subvenciones públicas para actividades que supongan «un ataque» a las señas de identidad, es decir que las «menosprecien» o sean «vejatorias» con las mismas.
Preguntado por casos concretos, se ha referido a algunos como «insultos a la lengua valenciana», o una campaña «vejatoria» contra las bandas de música o una entidad animalista que ponga en marcha una campaña contra los 'bous al carrer'. «Podría acceder a una subvención sin problemas, pero no para destinarla a esa campaña», puntualizó.
