La querella presentada por la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez «Aspar» podría salpicar también al actual jefe del Consell, Alberto Fabra. Bajo su mandato se autorizó la compra de Valmor por menos de un euro y la asunción por las arcas públicas del millonario agujero económico que arrastraba la sociedad.
De momento, Anticorrupción apunta a la exconsellera y deja fuera al resto del Ejecutivo autonómico porque el fiscal sostiene la tesis de que Johnson, entonces consellera de Turismo y presidenta del consejo de administración de la sociedad pública Circuit del Motor, «engañó» a sus compañeros de gabinete a los que ocultó que la compra de Valmor Sports SL suponía la condonación de más de 14 millones de euros que adeudaba a Circuit del Motor, además de asumir los 31 millones de pasivos que tenía.
Sin embargo, el asunto de Valmor no pudo llegar al pleno del Consell del 9 de diciembre de 2011 sin la autorización del propio presidente. El orden del día había sido fijado, como es habitual, en la reunión previa de secretarios autonómicos, que, tras analizar los temas y comprobar la documentación, establece los temas a tratar en el Consell.
Por tanto, ese día no estaba previsto abordar ningún acuerdo sobre la Fórmula 1, según el relato del fiscal. Sin embargo, éste sostiene que por vía de urgencia, la consellera Johnson solicitó en ese pleno, que era además junta de accionistas de Circuit del Motor, la autorización para la compra por 0,99 euros y la posterior absorción de Valmor y su deuda.
Pero, si el asunto no pasó por la comisión de secretarios, sólo pudo entrar al pleno por una decisión del presidente de la Generalitat, que tiene esa atribución para casos de naturaleza especial o de urgencia. Así lo recoge el decreto 197/2004. De él se deduce que es el presidente el que puede presentar asuntos por iniciativa propia, pero no los consellers, que pueden proponer y en ese caso es el presidente el que decide.
Por eso, la preocupación es máxima en el seno del Consell. Este decreto exoneraría a todo el Ejecutivo que avaló la compra de Valmor, con Lola Johnson incluida, pero pondría irremediablemente el foco en el presidente, porque sería él mismo quien autorizó la entrada de la compra de Valmor Sports en el pleno.
Además, el propio fiscal presenta la querella contra Camps, Johnson, Aspar y aquellas personas que resulten de la instrucción de la causa por lo que abre la puerta a más posibles imputaciones.
Con la candidatura en el aire
Fabra quedaría así en el primer plano de la crisis de Valmor Sports, en un momento crucial para su carrera política, justo cuando se encuentra pendiente aún de que Génova lo ratifique como candidato del PP para las elecciones autonómicas de 2014 y cuando más cerca está de concluir la limpieza del partido y el grupo parlamentario de imputados tras tres años de trabajo.
Querella admitida en enero
Además, según las fuentes consultadas, la querella sería admitida a mediados del mes de enero y en un plazo de 20 días se procedería a tomar declaración a las personas que el juez instructor estimara. De ese modo, el recorrido judicial de la querella de Anticorrupción se cruza inexorablemente con el político porque en las próximas semanas o incluso días, el PP tendrá que decidir el nombre de su candidato a la Generalitat y el asunto de Valmor podría comprometer seriamente la candidatura de Fabra.
En el Consell ya asumen que la querella de Valmor traerá complicaciones. A ello se une que Lola Johnson no abandonó de la mejor manera el ejecutivo y la relación es tirante. En el Consell esgrimen que la decisión de la compra de Valmor estaba avalada por informes que recomendaban como mal menor la compra.
