El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que lo investiga en el caso Valmor que traduzca del inglés al español el contrato firmado el 19 de julio de 2011 por la exconsellera Lola Johnson y que, según la denuncia, convertía a la Generalitat en avalista. Camps sostiene que el contrato no convertía a la Generalitat en avalista en sustitución de Bancaja y mantiene que hacía referencia a determinados derechos comerciales. El exjefe del Consell también ha solicitado que se traduzca el contrato original de la Fórmula 1 que firmaron en Londres el 1 de junio de 2007 Bernie Ecclestone y los responsables de Valmor Fernando Roig y José Luis Olivas. El ex jefe del Consell quiere que el tribunal compruebe que los dos contratos supuestamente no están vinculados y por tanto no sería un aval.
El contrato bajo sospecha fue firmado por la consellera Lola Johnson un día antes de la dimisión de Camps como presidente de la Generalitat Valencia por la causa de los trajes. La supuesta constitución de la Generalitat como avalista en sustitución de Valmor es una de las cinco irregularidades denunciadas en la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Según la acusación, el contrato lo debió haber firmado el conseller de Hacienda y sin embargo lo rubricó Johnson. El fiscal estima que con esta decisión Camps actuó «con consciente desprecio a la legalidad vigente» porque conocía el procedimiento a seguir y quién debía firmar. Además, la querella apunta que el contrato incluía el sello de la Sociedad Proyectos Temáticos con la firma de su director sin que él lo supiera.
Camps pide en su recurso al TSJ que revoque el auto de admisión de la querella para que se traduzcan los dos contratos. El expresidente, que se representa a sí mismo, incide en que la traducción es clave para aclarar que el contrato del 19 de julio no es un aval porque no está referenciado al contrato de junio de 2007 sino a otro diferente.
Recursos de los denunciados
El Tribunal Superior de Justicia todavía no ha resuelto sobre los recursos que han interpuesto Camps, la exconsellera Lola Johnson y el empresario Jorge Martínez Aspar contra la admisión de la querella. Francisco Camps está denunciado por los supuestos delitos de prevaricación „al presuntamente saltarse los procedimientos legales„ y por malversación de caudales públicos. El fiscal cree que Johnson pudo cometer prevaricación, malversación y un delito societario. Aspar ha sido denunciado como cooperador de un delito de malversación y de un delito de prevaricación por su supuesta implicación en los amaños.
La querella centró los hechos objeto de delito entre 2006 y 2012, aunque el TSJ ya advertido de que solo va a investigar hasta el 19 de julio de 2011, el día de antes de la dimisión de Francisco Camps. El asunto lo está instruyendo la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Pía Calderón (instructora del caso Blasco). El caso pasará después a un juzgado ordinario porque Camps no va a repetir como diputado autonómico.
