La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a las defensas de los 13 acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en las contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, de intentar una "auténtica maniobra dilatoria" al solicitar la suspensión del juicio y ha mantenido que éste "debe celebrarse", tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo (TS).
La fiscal, Ana Cuesta, ha indicado que las cuestiones previas presentadas por los abogados de los acusados -este lunes--, "con absoluto respeto hacia el derecho de defensa", vislumbran "una auténtica maniobra dilatoria". Ha aseverado que el juicio debe celebrarse, tras ordenarlo el TS en la resolución en la que determinó que la competencia para el enjuiciamiento de esta pieza era el tribunal valenciano.
El TS dijo "de forma clara" --ha agregado-- que este juicio "debía de señalarse sin demora". "El TS dice que hay que evitar que se produzcan dilaciones indebidas en este procedimiento. Esto solo puede materializarse si se celebra el juicio, con todo el respeto a los derechos fundamentales, y con absoluto respeto a la legalidad y a la imparcialidad", ha apostillado.
También ha advertido de que va a poner a disposición de la Sala "todas las circunstancias que concurran", bien sean favorables y desfavorables, "para defender la legalidad con absoluta imparcialidad". "Si a lo largo del juicio -ha dicho-- observamos que hay que hacer modificaciones favorables para los acusados, las realizaremos. Porque es nuestra función en base al ordenamiento jurídico y la Constitución".
Así mismo, ha justificado tanto las detenciones de los considerados cabecillas de la trama como las intervenciones telefónicas, porque "no hay irregularidades" y las mismas se ajustan a la ley, ha puntualizado.
Por su parte, la defensa de la exconsellera Angélica Such ha pedido hoy que se "levante la acusación" contra su cliente al no saberse "qué hizo" ni en "qué consintió".
Así lo ha planteado el abogado de Such durante la segunda jornada del juicio, dedicada también a cuestiones previas, donde ha calificado de "arbitraria e injusta" la acusación contra la exconsellera durante el Gobierno de Francisco Camps.
Ha destacado que entre 2007 y 2008, durante los que Such ejerció como responsable de Turismo, firmó "distintas y variadas" resoluciones, y ha indicado que ni en el escrito del fiscal, ni en el de la acusación ni en el auto de apertura de juicio se dice "qué hizo, qué firmó o qué consintió para estar procesada en esta causa".
"Nadie sabe por qué está aquí Such", ha planteado su abogado, quien ha considerado que esta situación sería "suficiente" para que, por causas de justicia, no continuara el juicio respecto a su representante y se levantara la acusación contra ella.
