La Unión Europea ha endurecido el control sobre las ayudas que distribuye a los bancos de alimentos para paliar la pobreza. La nueva norma que comienza a aplicarse en España obliga a los beneficiarios a acreditar que necesitan la asistencia mediante un informe suscrito por un trabajador social, así como a participar en programas de inclusión sociolaboral en el municipio en el que residen. En 2014, Cruz Roja y los bancos de alimentos de la C. Valenciana recibieron del fondo europeo 5 millones de kilos de comida, que a su vez debía ser distribuida a un total 724 entidades sociales para atender a más de 200.000 valencianos que la demandaron.
La nueva medida pone el punto de mira en los repartos individualizados de comida y pretende «garantizar que los alimentos llegan a quienes lo necesitan» y que los beneficiarios reciben, además, otro tipo de atenciones complementarias, derivadas de los servicios sociales municipales. Según explicó el ministro Alfonso Alonso al anunciar los cambios en el plan europeo de ayuda, el objetivo es «evitar la saturación» actual de los colectivos y «ofrecer no solo asistencia, sino todo un acompañamiento» a quienes están en riesgo o situación de pobreza.
Recientemente, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia expresó su malestar frente al protagonismo que la crisis ha otorgado a los bancos de alimentos, a los que la entidad acusó de haberse convertido en «mecanismos de exclusión social» que fomentan «la beneficiencia, la caridad y la humillación» con el beneplácito institucional. El presidente del Banco de Alimentos de Valencia salió en defensa de la labor de la entidad para suplir las carencias del sistema: en 2014 atendió a 55.160 personas al mes y repartió 7 millones de kilos de alimentos, de los que, según Jaume Serra, solo el 17 % fueron financiados por Bruselas. Serra apunta que la UE ha reducido sus aportaciones de los 3 millones de kilos en 2011 „cuando la ayuda representaba el 50% de los repartos„ a los 1,4 millones de 2014, mientras que las donaciones de empresas y particulares han pasado a representar el 83 % de los fondos. La aplicación de la nueva norma europea se prevé a partir de junio, cuando los bancos de alimentos recibirán una nueva remesa de Bruselas, si bien el temor mostrado por las entidades afectadas ante el cúmulo de informes exigidos ha flexibilizado los plazos. «Ha habido muchas quejas por el poco tiempo que han dado y de momento Madrid no va a exigir que se aplique al 100 %», afirma Serra.
