Caso Erial

El testigo sirio valida los papeles que iniciaron el caso de Zaplana

El arquitecto Joaquín Torres confirma la «operación especulativa» del exministro con la compraventa de una parcela en La Finca pero reniega de haber hablado de un testaferro: «Soy un bocazas»

Eduardo Zaplana en el juicio del caso Erial en una imagen del primer día de vistas.

Eduardo Zaplana en el juicio del caso Erial en una imagen del primer día de vistas. / Germán Caballero

En el caso Erial, como en las novelas o en la vida real, existen personajes peculiares. El ciudadano sirio Imad Al N. Y. es uno de ellos. Según el sumario de la causa que mantuvo a Eduardo Zaplana nueve meses en prisión provisional fue Imad Al N. Y. quien encontró la primera «hoja de ruta» sobre cómo articular un entramado societario para cobrar las presuntas mordidas pagadas por la familia Cotino al expresidente de la Generalitat. Y que entregó a Marcos Benavent, el yonqui del dinero confeso, que puso en bandeja estos documentos a los investigadores del caso Taula. Un esquema con el que la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a tirar del hilo en noviembre de 2015 para construir el caso Erial, que estalló con la detención de Zaplana el 22 de mayo de 2018 y que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia de València. 

Había expectación generada desde el entorno de Zaplana por la declaración del sirio y los papeles que originaron el caso Erial. Pero Imad Al N. Y., testigo de la Fiscalía Anticorrupción, se limitó a explicar lo que ya contó a la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza y el fiscal Anticorrupción del caso Erial.

Imad Al N. Y. estuvo alquilado en la casa donde vivió Eduardo Zaplana hasta diciembre de 2007. Encontró los conocidos como «los papeles del sirio» o la hoja de ruta de las mordidas «en una esquina de una puerta, que conduce a otra puerta pequeña en una caja fuerte que estaba en la terraza, como en un hueco». Unos papeles que mostró a Marcos Benavent a quien conocía «de algunos actos. Soy responsable de la comunidad árabe y acudía a actos de la Generalitat y del Ayuntamiento de València», explicó.  Por él supo que la vivienda que él ocupó hasta 2015 había pertenecido a Zaplana. La reacción de Benavent cuando le mostró los papeles confirmó su intuición de la relevancia de los documentos. «La documentación era importante y por eso llevaba tachaduras y estaba guardada al lado de la caja fuerte». 

Las defensas de Zaplana y sus colaboradores, que han intentado tumbar en la instrucción, sin éxito, la validez de estos papeles, intentaron acorralar al testigo sobre sus posibles contactos con la Policía o el CNI. O preguntándole por qué no entregó los papeles a los agentes o al propietario del piso (un notario). Imad Al N. Y. se escabulló como pudo. «El dueño de la casa es notario y no sé si eran documentos de él. Cuando vi que había tachadura y que hablaba de cosas…» Sólo admitió que las fuerzas de seguridad le consultaban en ocasiones. «Usted sabe que ha habido acontecimientos dramáticos», respondió al letrado de Zaplana. Y negó que ninguno de estos contactos se identificara como responsable del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), como ha intentado extender el excomisario José Manuel Villarejo, que declara hoy. «No sé si las personas pertenecían al CNI. ¿Como lo voy a saber?». 

La jornada finalizó con la declaración por videoconferencia del arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, que confirmó la «operación especulativa» que hizo Zaplana con la compra y venta de una parcela en la exclusiva urbanización La Finca, ubicada en el municipio de Pozuelo de Alarcón. «Zaplana compró, porque me lo confirmó el señor [Luis García] Cereceda. Me dijo: ‘Se lo ha quedado Zaplana’. La inmobiliaria Procisa se lo volvió a comprar». «¿Eso le pareció una operación especulativa de comprar y vender?», preguntó a Torres el fiscal Anticorrupción. «Bueno no es que me parece a mi. Si compra la parcela y la vende sin valor añadido es una operación especulativa. Allí no se hizo nada. Se compró por equis y se vendió por equis. Y se lo compró la misma empresa que se lo había vendido. Coño estos chollos los quiero para mí», aseguró Torres. 

La tesis que defiende Zaplana es que fue su amigo Joaquín Barceló «Pachano» quien compró por 2,1 millones la parcela de La Finca que revendió al urbanizador por 4,3 millones en 2007, lo que les dio un beneficio de 3,4 millones, antes de impuestos. Joaquín Torres admitió haber gestionado los detalles para la compra con un colaborador de Zaplana, «nunca con él». Aunque sí se retractó de haber identificado a Barceló como «testaferro». «Yo no sé cómo lo califiqué. Lo de testaferro no me lo pudo decir el señor Zaplana. Lo diría yo como bocazas que soy y he sido en mi naturaleza», aseguró. En respuesta al abogado de Zaplana admitió que «pudo ser una respuesta inducida a una pregunta de la Guardia Civil, pero no lo recuerdo». 

El conocido arquitecto inició su declaración con un alegato contra la guerra de las herederas de Cereceda en la que se ha visto envuelto. «Vivo en la penuria. He sufrido acoso, he sido chantajeado y perseguido por Susana García Cereceda. No quiero declarar. Me arrepiento tanto por haber trabajado para esa familia. No me ha traído mas que problemas. A quien tendría que preguntar es a Susana García Cereceda».

El interventor del contrato de las ITV sustituido horas antes de la votación

El interventor de la Conselleria de Industria que participó en el proceso de privatización de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV) confirmó ayer como testigo en el juicio del caso Erial que puso reparos a un criterio económico en este concurso. Su advertencia acabó con su sustitución el mismo día que iban a adjudicarse los lotes de las ITV privatizados. El funcionario, que sigue en activo y declaró íntegramente en valenciano, recordó que advirtió por escrito de que, si el criterio más importante era el precio, limitar las ofertas a un 25 % por encima del precio de valoración de las ITV «podía perjudicar los intereses de la Generalitat». También propuso que se valorase de forma individual la presencia de empresas valencianas en las uniones temporales de empresas aspirantes. Tras todo su trabajo previo, «el día que íbamos a elevar el informe para las adjudicaciones definitivas se me sustituyó como interventor», confirmó. L.B. València

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