Las enmiendas a la ley de Concordia se centran en blindar las exhumaciones

Las asociaciones de memoria histórica y organizaciones de víctimas del franquismo alertaron durante la fase de participación ciudadana de la ley de Concordia que aquello que no se nombra, no existe y ahora lo han trasladado a sus enmiendas. Son una veintena de propuestas de modificación en las que se piden cambios en la exposición de motivos (sobre todo al hablar de "golpe de Estado" y de los "miles de fusilamientos" de la dictadura), incorporar puntos sobre bebés robados, pedir a la Abogacía de la Generalitat que investigue las desapariciones forzosas así como blindar las exhumaciones.

Este es uno de los puntos que más preocupa a las entidades tal y como señalaron en la comparecencia en las Corts. Sobre estas, la única mención en la proposición de ley de PP y Vox es que serán los únicos procedimientos de memoria iniciados que no decaerán al aprobarse la norma. Sin embargo, esta referencia no acaba de tranquilizar a estas organizaciones porque no se aclara cómo serán estos procesos, ni siquiera si continuarán más allá de los que están en marcha, de ahí que se pida blindar estos procedimientos a través de distintas enmiendas.

Todas estas las presenta Matías Alonso como representante del Grupo de Recuperación de la Memoria Democrática que es, junto a la Asociación de Víctimas de Bebés Robados, las únicas entidades cuyas propuestas de modificación habían sido registradas al finalizar el plazo. Entre los partidos de la oposición, que tendrían que asumir las enmiendas registradas para su debate parlamentario, ha habido dudas en todo momento de si presentar modificaciones parciales al señalar que no había posibilidad de mejora y que la ley es insalvable, algo que se ha podido transmitir también a las organizaciones vista las pocas enmiendas pese a la protesta general durante la comisión en las Corts.

Al margen de este debate, en las enmiendas presentadas se incluye directamente un título nuevo en la ley de "Investigación, localización, exhumación y entrega de restos" con el mismo articulado que el que actualmente está en vigor en la ley 14/2017 de Memoria democrática aprobada por el Botànic. En estos se señala cómo se han de llevar a cabo las localizaciones, identificaciones y todos los protocolos para la recuperación de aquellos represaliados que fueron enterrados en fosas comunes o tirados en cunetas y barrancos. "En cualquier caso, nunca se interrumpirán los procesos de exhumación iniciados", indica en otro artículo extra.

A ello, se añade otro artículo en el que se especifica que la Generalitat "contactará con los ayuntamientos que cuenten con víctimas de la localidad en fosas en proceso de exhumación" para dar así "información pública" y asegurar "una publicidad suficiente y eficaz para que familias de dichas víctimas residentes en otros municipios puedan ser informadas de dicha exhumación y ejercer sus derechos al respecto". El objetivo de esta incorporación legal es que se garantice no solo que se llevan a cabo sino que se promocionan.

Cambios en la 'motivación'

Pero más allá de las exhumaciones, las enmiendas incluyen otras peticiones. Por ejemplo, en el artículo sobre el derecho de las víctimas, se reconoce "el derecho a la investigación de los hechos delictivos realizados contra las víctimas de la represión y el terrorismo que no hubieran sido resueltos" y se autoriza a la Abogacía de la Generalitat para "iniciar procesos o la personación en los ya existentes" no solo en los delitos de terrorismo, sino también incorporando a las víctimas del franquismo en los casos de desapariciones forzosas.

También se señala la petición de que la Generalitat "asuma" el actual catálogo de vestigios, al contrario de lo que señala en la propuesta de ley que pide elaborar uno nuevo, y se reconoce "la labor de las asociaciones memorialistas" para que sean declaradas "de utilidad pública". Asimismo, también se agregan artículos, a solicitud de la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones, en los que pide abordar esta problemática con la creación de una comisión interdepartamental del tema o que se mantenga el banco de ADN además de expresar su "alarma" ante la derogación de la ley de Memoria democrática porque supondría su "desaparición" como "víctimas" y, por tanto, "el reconocimiento de justicia e igualdad".

Fuera de los cambios legales del articulado, otro de los puntos que centra es en la exposición de motivos del que pide eliminar de párrafos (en los que se habla de las leyes vigentes de memoria democrática) porque "no responden a la verdad", pide agregar que la norma se base en la "historiografía científica que emana de las universidades" y modifica la narración de los últimos 100 años al sustituir la mención a la "convulsa República" para señalar que hubo un "golpe de Estado que derrocó a la II República y dio lugar a una cruenta guerra y la dictadura franquista con decenas de miles de fusilamientos y más de 130.000 personas desaparecidas".

Suscríbete para seguir leyendo