El Consell no se ha demorado mucho en fulminar a los miembros de los consejos de administración de dos de las empresas públicas más cuestionadas de los últimos años: Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa). El pleno del Ejecutivo aprobó ayer el cese de los consejeros de ambas firmas. La vicepresidenta Mònica Oltra detalló que, en FGV, se había destituido a Pablo Cotino (gerente de la mercantil), Gaspar Peral, Pedro García Ribot y Julia Cuello. Es el paso previo para el cese como responsable de la empresa de Cotino, a quien el Consell reprochó públicamente que dificultara el acceso a sus instalaciones de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, cuando se personó para requerir documentación sobre el accidente del metro.
En sustitución de estos consejeros, se nombró a Josep Vicent Boira, Francesc Signes y Carlos Domingo Soler, de Obras Públicas, y Clara Ferrando, de Hacienda. El siguiente pasó será la constitución del nuevo consejo de administración. En esa reunión, que se celebrará la próxima semana, se ejecutará el cese del gerente Cotino.
En cuanto a Vaersa, se echó al anterior consejo, también presidido por la exconsellera Isabel Bonig, y se designó a los nuevos vocales, bajo la presidencia de la titular de Medio Ambiente, Elena Cebrián. Oltra resaltó que entre los consejeros habrá miembros de la Conselleria de Hacienda y de Transparencia como vacuna ante los «graves problemas» en Vaersa con el anterior Gobierno, a la vista de que los dos últimos directores «han sido imputados».
De esta manera, el nuevo Consell renueva los consejos de dos sociedades con gestiones en entredicho. FGV ha sido muy cuestionada por la labor de los directivos en el accidente del metro y tres directivos, incluida la exgerente Marisa Gracia, están imputados por supuesto amaño de contratos de vigilancia. Vaersa está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción y un juez por delitos de malversación, prevaricación y fraude en la contratación.
La portavoz del Consell consideró «importante» la presencia de representantes de Transparencia en Vaersa, dados los «problemas» judiciales de la firma. Un criterio que bien podría afectar a otras entidades con gestión pasada bajo sospecha. En el caso de Vaersa, el emisario de Transparencia será el subsecretario, Alfons Puncel. Pero no será la única vigilancia que ejerza el departamento de Manuel Alcaraz. Oltra señaló que, en «aplicación» de la ley, se crearán Comisiones de Transparencia en todas las conselleries y órganos estatutarios, nombrados entre funcionarios por los respectivos departamentos pero «coordinados» por la Conselleria de Transparencia para asegurar la aplicación de la norma. Ejercerán así de ´agentes de transparencia´.
En el pleno, Alcaraz informó sobre la «hoja de ruta» de la ejecución de la ley de Transparencia, que incluye el que se publiquen los bienes, actividades, renta, intereses y currículo de los altos cargos «en la última semana de julio a ser posible», dijo Oltra. La primera y única vez que lo hizo el PP fue en 2010.
Asumió que la Agencia contra el Fraude «podría tener un encaje más híbrido» en las Corts, como pide Podemos, dado que tiene también «connotaciones de control» del Ejecutivo. Sin embargo, indicó que si su función es la de ser «una policía interna» de la Administración «podría tener sentido que funcionalmente dependa del Ejecutivo, aunque tiene zonas fronterizas [con las Corts] que deben estudiarse». Así, se inclinaría ahora por una oficina ubicada en el Consell y dirigida por una persona elegida por las Corts, a modo de Síndic Anticorrupción.
