Los sueldos que ha fijado el nuevo presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, no sólo han levantado una polvareda este fin de semana en las redes sociales. También han recibido contestación interna en la institución provincial. El portavoz de Compromís en el ente provincial alicantino, Gerard Fullana, cargó ayer con dureza contra el nuevo inquilino de la avenida de la Estación y admitió que el sueldo que le han asignado es desproporcionado. No sólo el suyo. Tal y como adelantó este diario en su edición del sábado, hasta 19 diputados provinciales de Alicante cobrarán más que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
En concreto, 14 de los 15 dirigentes del PP „a excepción de Bernabé Cano tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos (C's)„, los portavoces de los otros cuatro grupos políticos y la portavoz adjunta del PSOE.
Pues bien, el representante de Compromís considera que los 68.676,44 euros brutos que a priori va a cobrar todos los años son excesivos. ¿Y qué va a hacer? Donar parte de ese salario. «Estoy estudiando fórmulas que permitan destinar parte del sueldo a generar servicios de asesoramiento a ayuntamientos y ciudadanos de la Marina Alta», explica Fullana. Y añadió: «Quiero recibir una cifra no muy superior a la que percibía como profesor porque creo que nadie debería aspirar a incrementar significativamente sus ingresos en política respecto a lo que podría ganar en su profesión normal. La política no puede servir para aumentar los ingresos».
Sus emolumentos no son los únicos que criticó. También cargó contra los 90.000 euros brutos anuales que se ha asignado César Sánchez. «No puede ser que la diputación funcione como un ente anárquico respecto al resto de instituciones. Es vergonzoso que su presidente cobre casi el doble que el conseller de Educación, Cultura y Deporte (Vicent Marzà, de Compromís), que dirige todo un sistema educativo y una Conselleria en la que trabajan más de 50.000 personas», apostilló el portavoz de la coalición.
Para evitar los «injustificables» sueldos, Fullana propuso la creación de una comisión con el objetivo de «racionalizar los gastos y los sueldos» de las instituciones.
