La Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) emitió ayer un comunicado en el que aseguró que las ayudas para formación en riesgos laborales que denunció el Fiscal Anticorrupción y el juez ha empezado a investigar «han sido realizadas, controladas y supervisadas por el Servef». La patronal castellonense, filial de la autonómica Cierval que de momento guarda silencio, añadió que estas subvenciones «han pasado los mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa».
La CEC aseguró que la causa es «un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas», es decir, las dos personas que el fiscal quiere imputar. Cabe recordar que uno de ellos, Álvaro García Osorio, reconoció ante los inspectores de la Agencia Tributaria que cobró los cursos pero que no los realizó. Su empresa y la otra investigada, Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RM, no disponen de estructura y personal. De todas formas percibieron, al menos, 418.700 euros de la CEC.
La patronal castellonense, y por ende la autonómica que es la que solicitó al Servef y cobró la subvención, se siente «perjudicada» por el quebranto de estos dos empresarios. Según el comunicado, han tenido que abonar a la Generalitat la cantidad presuntamente defraudada aunque el expediente administrativo lo han recurrido.
