Es evidente, y lo es para todos, que la actual financiación de las comunidades autónomas no es ni la mejor, ni la más justa, ni la más equitativa, ni la más conveniente. También es obvio que, antes de unas elecciones generales, y de las no menos tempranas catalanas, ningún gobierno abriría un proceso nuevo con las comunidades autónomas para la elaboración de una nueva ley de financiación de las mismas. Ello no es óbice para que también esté en la mente ,y en la agenda de todos, el que ello es urgente y que, tras las elecciones generales, habrá que ponerse a la tarea.
Los valencianos no hemos sido especialmente bien tratados con la actual Ley de financiación autonómica. Al contrario, nos perjudica de un modo claro. Pero hemos estado mal financiados desde siempre. No es nuevo. A mi, personalmente, Joan Lerma me dijo en una cordial conversación hace tiempo que ya fue uno de los caballos de batalla de su presidencia. Sin duda hoy el actual Gobierno de la Generalitat se queja de la ley de financiación de Zaplana. Pero también debería hacerlo de la de Zapatero. Y de la actual, aún reconociendo dos cosas: una, que el gobierno no quiere el hundimiento del modelo constitucional de las comunidades autónomas, dos, que la Comunitat Valenciana tiene derecho a una justa financiación autonómica.
Creo que lo de menos son las posturas grandilocuentes y lo que importa es la capacidad de acuerdo de las principales fuerzas políticas, empresariales, sindicales y de la sociedad civil valenciana en general ( esa sociedad civil tan perdida como urgentemente necesaria) en torno a una reivindicación que debe sernos propia a todos.
Ocurre que para ello hay que partir de cero. No podemos tirarnos la financiación a la cabeza de la Generalitat al PP, del PP al PSOE. Esto no lleva a ningún puerto razonable. Y tampoco creo que un litigio judicial con el gobierno Rajoy aporte nada en estos momentos, ni en ningún otro con ningún otro gobierno. Yo creo que Gabriela Bravo, inteligente y brillante jurista, no estará en total desacuerdo conmigo en este punto.
Hemos de buscar un sistema de financiación alternativo que corrija las injusticias cometidas hasta ahora, que ha de obligar a los gobernantes a buscar recursos necesarios si quieren dar servicios no financiados por la totalidad, y tiene que mantener equilibrio en la ordinalidad de la distribución. No puede ser que una comunidad autónoma sea tercera en renta per cápita y quinta en la redistribución.
Para ello, y como señaló en Levante-EMV el ministro José Manuel Garcia- Margallo, a nadie se le oculta que ello precisa una sustancial reforma fiscal, que no se ha realizado esta legislatura y que deberá abordarse en la siguiente.
El sistema de financiación no es bueno para los valencianos y nos ha perjudicado seriamente. Hay que discutirlo todo, también lo sugirió Margallo con la inteligencia en estas materias y la experiencia que le caracteriza. La deuda (su quita o no quita) el FLA, el pago a proveedores (ya equilibrado por el gobierno del PP de Fabra, que realizó números bien parecidos a los recientemente expuestos por el conseller Vicent Soler, hombre al igual que Margallo, conocedor de lo que habla y afirma, ayuda a entidades financieras y, sobre todo, poner el reloj a cero total. Si de todo ello resulta que ha habido un prejuicio económico habrá que estudiar la mejor forma de repararlo.
Yo celebraría que el presiente del Gobierno Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig hablasen con moderación, y sosiego de la situación valenciana. Quizá ayudase a ello la no presentación de contenciosos jurídicos de parte. Y el convencimiento de que el Gobierno de España no va a jugar a la contra de la C. Valenciana.
