10 de septiembre de 2015
10.09.2015

El Consell estudia una «concentración» el 9 d'Octubre para reforzar el aval social a su reivindicación

Gabriela Bravo traslada al ministro Catalá que si no se mejora la financiación la Generalitat irá a los tribunales

09.09.2015 | 23:08

El Gobierno valenciano busca una foto con los agentes sociales, universidades y resto de fuerzas políticas para visualizar el 9 d'Octubre el frente social valenciano por la financiación autonómica. Una imagen que pueda traspasar fronteras y llegar a Madrid. Ayer, la vicepresidenta, Mònica Oltra, avanzó que, tras la firma de un documento unitario junto a los agentes socioeconómicos y universidades, plantearán «una gran movilización de todos los valencianos», que «no se descarta» que sea en la calle, con el fin de pedir al Gobierno de Rajoy una financiación «justa».

Inquirida sobre si esa manifestación podría ser en Madrid, Oltra respondió que «no se descarta una gran movilización en la calle que reivindique ante el Gobierno que en este tema no estamos encontrando la sensibilidad que sería deseable». Fuentes del Ejecutivo apuntaron después que la idea es la convocatoria el 9 d'Octubre de una «gran concentración» con los principales representantes políticos y sociales para exhibir la fortaleza en la reivindicación. Oltra expresó su satisfacción ante la «complicidad» encontrada por el presidente Puig en los partidos sobre la exigencia en la financiación y, al respecto, indicó que van a preparar un documento que pasarán al resto de fuerzas y agentes sociales con tres puntos básicos: la reforma del sistema de financiación, el reconocimiento de la deuda generada por la infrafinanciación „que cifró en 16.000 millones„ y el 11 % de las inversiones del Estado.

PP: «No como arma arrojadiza»

La síndica del PP, Isabel Bonig, avisó de que no aceptarán que el Consell utilice la financiación «como arma arrojadiza contra el Gobierno». Puig cerró la ronda de contactos con los partidos valencianos con Alicia Andújar (UPyD) y Marga Sanz (EU), quienes trasladaron su respaldo a la reivindicación. Entre tanto, en Madrid, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, trasladó personalmente al ministro Rafael Catalá, con quien se reunió para firmar un convenio, que si la situación de «extrema gravedad» de la financiación no se soluciona en el plano político, «puede obligar» al Consell a ejercitar acciones legales. Catalá le replicó que Zapatero aprobó el actual modelo y que la crisis no ha permitido mejorarlo.

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