La nueva directora general de Administración Pública, Eva Coscollà, inició ayer su primera ronda de entrevistas con las fuerzas sindicales representativas de los empleados públicos de la Generalitat, paso previo a la convocatoria de la Mesa General de Negociación y al restablecimiento de un diálogo que estaba congelado por el conflicto interno para cubrir la Dirección General. A lo largo de las reuniones, en las que los diferentes sindicatos platearon sus reivindicaciones en materia de personal, Coscollà se comprometió a cumplir con las mejoras salariales acordadas por el Gobierno central o fruto de acuerdos con el anterior Consell, en concreto, la implantación de la carrera profesional. Cabe recordar que el pago del 1% de incremento salarial para los funcionarios y el 75% de la paga extra de navidad de 2012 (que se abonará un 25% en 2015 y un 50% en 2016) decidido por el Ministerio de Hacienda supondrán un impacto económico para el Consell de 289,17 millones, un dinero que no estaba contemplado en los presupuestos de 2015 y 2016.

El Consell de Ximo Puig ya advirtió, cuando Montoro hizo el guiño a los funcionarios, que su situación presupuestaria es muy ajustada y reclamó a Madrid fondos extraordinarios. Además, el Consell tendrá que empezar a pagar la carrera profesional a los funcionarios, un acuerdo heredado del PP que obliga al tripartito y supone un gran desembolso. Según fuentes de la reunión, Coscollà tranquilizó a los sindicatos y les comunicó que se cumplirán los acuerdos. Indicó que haría gestiones con Hacienda. Cabe apuntar que Función Pública no depende ya no depende de Hacienda sino de Justicia, por lo que todos los acuerdos necesitan la revisión de Hacienda. En un comunicado, Coscollà manifestó la voluntad real de diálogo y de mantener una estrecha colaboración con las entidades sindicales.

La nueva administración de Puig se enfrenta a numerosas demandas de los sindicatos que van desde las mejoras retributivas hasta extensión de medidas de conciliación y recuperación de los «moscosos» eliminados por el Gobierno popular. FSP-UGT hace hincapié en estas cuestiones, mientras que Intersindical también quiere que la carrera profesional llegue a los interinos.