La Conselleria de Educación pagó presuntamente durante años «entre dos y tres millones de euros de más, por curso escolar, a la enseñanza concertada». Incluso se abonó, con cargo a los presupuestos públicos, el salario de diez liberados de la patronal de las enseñanzas concertadas. Unas irregularidades que aseguran desconocer cinco ex altos cargos de la Conselleria de Educación (dos secretarios autonómicos, dos directores generales y un subdirector), que ayer declararon en un juzgado de Valencia que investiga estos supuestos pagos irregulares.
La investigación se inició tras la denuncia del grupo parlamentario de Compromís, cuando estaba en la oposición, ante la Fiscalía Anticorrupción que vio indicios de delito. De ahí que solicitara a un juzgado de instrucción la apertura de una investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación.
Diez liberados a 350.000 euros
Como detalle curioso, la investigación de la Fiscalía permitió detectar el pago del salario a diez liberados de las patronales de las concertadas, la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval), con cargo a los presupuestos de la Conselleria de Educación.
Un abono totalmente ilegal que no se debería haber abonado con cargo a los fondos públicos, porque supondría una «financiación irregular» de la enseñanza concertadas que podría haber alcanzado los 350.000 euros anuales, según informaba ayer la agencia Europa Press.
La Fiscalía también detectó la existencia de algunos docentes mayores de 65 años que, presuntamente, habrían estado cobrado sin ejercer ningún tipo de actividad educativa. Respecto al dinero pagado de más a los centros concertados, los pagos irregulares se podrían haber producido entre 2008 y 2014. Un informe de intervención de la Generalitat detectó que en multitud de centros se abonaba por más horas de las estipuladas. Si el concierto era de 120 horas, por ejemplo, en realidad se acababa pagando por 150 horas, sin que desde la Conselleria de Educación se pusiera ningún pega y se acababa pagando sin rechistar. Este descontrol pudo costar a las arcas públicas entre 2 y 3 millones de euros por curso escolar, según fuentes de la investigación.
Sin embargo, todos los antiguos responsables de la Conselleria de Educación aseguraron no tener «ni idea» de estas presuntas irregularidades e, incluso, derivaron a sus colaboradores inferiores la responsabilidad sobre estos pagos descontrolados a la enseñanza concertada.
