01 de octubre de 2015
01.10.2015
Investigación

La Guardia Civil registra Imelsa para verificar archivos que se llevó Benavent

La colaboración de los nuevos gestores de la empresa pública permite a la UCO analizar las copias de seguridad que el exgerente fugado entregó al juez - La revisión de facturas y expedientes dura 12 horas

01.10.2015 | 01:28
Agentes de la Guardia Civil registraron ayer la sede de la empresa pública Imelsa.

La nueva gerencia, al juez, por escrito: «prestamos una total colaboración para esclarecer los hechos»

  • Cambio radical de actitud en la cúpula de Imelsa en su relación con la Fiscalía y con el juez que instruye la causa de corrupcion, dividida en siete piezas, una de ellas centrada en los contratos de la empresa pública. Los anteriores gestores rechazaron la petición fiscal de que las copias de seguridad que se llevó Benavent se incorporaran al sumario, pero los nuevos directivos expresaron al juez que lleva la denuncia contra el exgerente por sustraer documentos que accediera a entregar todos los papeles al otro juzgado. «No podemos más que prestar una total colaboración en todas y cada una de las actuaciones judiciales que se acuerden para esclarecer los hechos»,  comunicó la abogada de la nueva Imelsa

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil regresaron ayer a la empresa pública Imelsa „donde casi llegaron a instalarse antes del verano„ para proseguir con la investigación de la presunta trama de cobro de mordidas, a cambio de la adjudicación de contratos públicos, en parte canalizadas a través de facturas falsas. Media docena de agentes entraron en la empresa a las nueve de la mañana „salieron pasadas las 21 horas„ para registrar los archivos de la mercantil y cotejarlos con las copias informáticas de seguridad que fueron sustraídas por el exgerente Marcos Benavent cuando dejó la empresa y huyó a Ecuador, el pasado mes de enero.

Los agentes y la secretaria del juzgado se presentaron con la orden del juez de instrucción que investiga la macrocausa de la presunta red de cobro de comisiones en administraciones del PP, que salpica a diversos dirigentes del partido, entre ellos el expresidente de la diputación Alfonso Rus, el que fue su vicepresidente Máximo Caturla y otros ex altos cargos populares y del Gobierno valenciano. Benavent reapareció en escena dos días después de las elecciones para proclamarse «yonqui del dinero» y para colaborar con la justicia en la investigación para desenmarañar una trama de presunta corrupción que cada vez cobra mayor entidad.

El anterior gerente Rafael Soler presentó, por orden de Alfonso Rus, una querella contra su predecesor Benavent por haberse llevado toda la documentación. El exgerente de la sociedad pública entregó todos los documentos en el juzgado de esa causa paralela que se está instruyendo en el juzgado número 6 de Valencia. Y entonces la Fiscalía y el juez instructor de la macrocausa de las siete piezas de supuesta corrupción pidieron que les fuera trasladada toda esa documentación para investigarla en profundidad.

Pero Imelsa, todavía controlada por el PP, rechazó frontalmente la entrega de las copias „se argumentó que los archivos eran de la empresa y debían serle devueltos„por lo que esos expedientes no viajaron al juzgado que investiga el caso que salpica a ayuntamientos como el de Xàtiva y Valencia, empresas públicas como Ciegsa o media diputación, además de la propia Imelsa. Tuvo que llegar el nuevo equipo directivo de la empresa provincial„a cuyo frente están José Ramón Tíller y Agustina Brines„ para trasladar al juez, en consonancia con el presidente Jorge Rodríguez, toda su colaboración.

Fruto de esta nueva disposición se produjo la entrada de ayer de los agentes de la policía judicial para revisar facturas, contratos y expedientes de la etapa en la que Marcos Benavent estuvo al frente de la joya de la corona de la diputación, desde 2007 hasta que acabó 2014, cuando salió de forma precipitada. El registro de la empresa pública provincial se produjo ocho días después de que la policía judicial entró en el Ayuntamiento de Valencia y estuvo durante ocho horas buscando pruebas del pago de mordidas, además de requisar expedientes de contratación de la exconcejala de Cultura María José Alcón, quien en una de las grabaciones de Benavent habla con el exgerente del supuesto amaño de contratos y cobro de comisiones en concesiones de la Mostra de València, de la construcción del Espai Rambleta o de la limpieza de las Torres de Serrans y de Quart.

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