­El tópico funcionarial del «vuelva usted mañana» tiene otra cara. Y no es tan cómoda para el empleado público. Sucedió esta semana en una oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Valencia. Entró una mujer, exreclusa, para que le renovaran la prestación mensual de 426 euros a la que tiene derecho por excarcelación. El funcionario le informó de que había dejado de cumplir los requisitos que establece la ley y que, por tanto, perdía el derecho a la prestación. La mujer montó en cólera: insultó al empleado y lo amenazó directamente: «Si me quitan el subsidio, a ti te pasará algo.» Entre gritos, insultos y amenazas, se montó una escena desagradable. El centró avisó a la Policía, que acudió y desalojó a la mujer.

Ocurrió el lunes en la oficina de la calle Felipe Rinaldi. Según datos del CSIF, se trata del séptimo incidente registrado en 2015 y se suma a los ocurridos en Meliana, Manises, Catarroja, Xàtiva, Gandia y Ayora, «que también derivaron en crisis de ansiedad de los trabajadores afectados y en intervenciones de fuerzas de seguridad». Sin embargo, el fenómeno es mucho más profundo. Cuenta Ángel López, delegado de UGT en el SEPE, que son una minoría los sucesos de este tipo que se comunican o denuncian. «Porque al final tienes que ir tú al juzgado a declarar y acabas viéndole la cara a la persona que te ha lanzado graves amenazas contra tu integridad. Y eso es muy desagradable», agrega.

El agotamiento de las prestaciones está convirtiendo en una especie de polvorín laboral muchos de estos centros. En este caso, el incidente ocurrió entre las 14 y 15 horas, franja en la que no hay vigilancia pero en la que se sigue atendiendo a usuarios.