El pleno ordinario de las Corts de esta semana acogerá el debate de dos decretos-ley, sobre la reversión de la Ley de Racionalización de la Administración Pública y el ámbito competencial del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), además de cuatro proposiciones de ley, entre ellas la presentada por Podemos para reformar la Ley del Estatuto de los Expresidentes, y cinco proposiciones no de ley --una por cada grupo-- entre las que destaca la de Ciudadanos para suprimir el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

El orden del día del pleno, que irá seguido de la sesión de control, consta de 17 puntos. Así, se abordarán dos decretos-ley, sobre la reversión de la Ley de Racionalización de la Administración Pública y sobre el ámbito competencial del IVF, junto a cuatro proposiciones de ley: una sobre policías locales presentada por Compromís, dos de Podemos sobre cuentas abiertas y la Ley de Estatuto de los Expresidentes, y una última del PP sobre las diputaciones. A ellas se sumarán las preguntas, interpelaciones y proposiciones no de ley de cada grupo, cinco en total.

El portavoz del grupo socialista, Manolo Mata, advertía la pasada semana de que el pleno "va a ser maratoniano" mientras que la portavoz 'popular', Isabel Bonig, se mostraba alegre porque "por fin el presidente comparecerá para someterse al control" después de "110 días sin que se someta a la fiscalización de la oposición y de las Cortes".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, explicaba, además, que la Junta acordó proponer al Consell que haya un miembro de cada grupo en el Consell de Cooperación --en la actualidad hay dos representantes del Parlamento--.

Por su parte, desde Ciudadanos, Carolina Punset, defendía su proposición no de ley para suprimir el CJC, una línea de trabajo que plantea que "los recursos públicos tienen que ser utilizados no para mantener a la clase política, sino para que lleguen a la ciudadanía y se gasten donde se tienen que gastar, que es en sanidad, en educación y en bienestar social".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, apuntó respecto a la reforma de la Ley del Estatuto de los Expresidentes que no tiene "ningún sentido que un expresidente conserve privilegios como secretaria, asesor, coche oficial o seguridad" cuando muchos "acaban siendo de nuevo cargos políticos" en una "especie de puerta giratoria de lo público a lo público".