La Sindicatura de Comptes estima que la Generalitat necesitará para este próximo 2016 un presupuesto adicional de 114,6 millones de euros al año para hacer frente a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Cantidad que habrá que sumar a una partida que en 2014 era ya de 128,83 millones, más del 18 % del presupuesto total de la Conselleria de Bienestar Social. Es decir, que el Gobierno valenciano deberá consignar en sus cuentas para 2016 más de 243 millones para atender a las personas dependientes, un 47 % más que hace dos años.
El máximo órgano fiscalizador de las cuentas de la Generalitat, en la auditoria que ha remitido a las Corts sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia, reprocha a Bienestar Social que no disponga «de una memoria económica que cuantífique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales para atender dichas obligaciones futuras». En este sentido, la Sindicatura alerta que el próximo año «la Generalitat tendrá que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones económicas y de servicios».
El importante aumento de las obligaciones de pago tiene una doble vertiente. La primera vendrá, subraya el informe, «una vez que Bienestar Social haya resuelto la totalidad de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia». A 31 de octubre de 2014 existían 6.670 expedientes de prestaciones pendientes de resolución.
Prestaciones de grado I
El segundo incremento se deriva del calendario de la ley, que desde el 1 de julio de este año reconoce el derecho a la prestación de las personas valoradas con un grado I, el de dependencia moderada. Superior a este grado, que se concede a quien necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, están el II (dependencia severa) y el III (gran dependiente). En marzo tenían reconocido el grado I un total de 8.426 personas, de las que 1.277 han muerto entre 2011 y 2014 sin recibir la ayuda.
A todo esto, la Sindicatura, no contempla dentro de estos 115 millones adicionales «los recursos económicos con que tendría que contar Bienestar Social para satisfacer pagos de retroactividad» a los 12.816 beneficiarios con derecho a prestación que no cobran.
A 31 de octubre de 2014, 54.810 valencianos tenían reconocido el derecho a ayudas de la Ley de Dependencia pero sólo las recibían 41.994, el 76,6 % de los beneficiarios. No obstante, las 12.816 personas con derecho a prestación que se encontraban pendientes de su concesión hace un año son más de la mitad (-56,9 %) que al cierre de 2011 (29.754).
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, urge al Consell «a agilizar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia», ya que constata que en el 82 % de los expedientes analizados se incumple el plazo de seis meses para dar respuesta a la solicitud.
Acelerar los reconocimientos
Esta dilación, que «incide en un colectivo vulnerable» alerta la auditoría, tiene como resultado «que la prestación no llegue a abonarse debido al fallecimiento del beneficiario». En este sentido constata que «de los 10.026 solicitantes a los que se les notificó la resolución de grado II o III entre 2011 y 2014, fallecieron 2.841 (el 28,3 %) antes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA)» que determina la ayuda a percibir.
