El Gobierno de Rajoy anunció ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 3/2015 que regula y autoriza el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana, que se aprobó a finales de julio, y que hasta la fecha ha abierto la puerta a la asistencia sanitaria a cinco mil personas inmigrantes en situación vulnerable que habían quedado excluidos tras la entrada en vigor en 2012 de un decreto que se aprobó para que el sistema sanitario fuera más sostenible, que recortó los derechos de los inmigrantes en situación irregular y cuya derogación ha sido reclamada insistentemente por parte de las organizaciones sanitarias y sociales.
Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy considera que la norma autonómica puede incurrir en una «extralimitación de competencias» e invoca el artículo 161.2 de la Constitución para que el tribunal acuerde la suspensión de la norma. También añade que la jurisprudencia constitucional establece que la competencia estatal de bases de sanidad incluye la definición de los asegurados y las prestaciones en materia de sanidad, así como la financiación de la sanidad pública.
El Gobierno señaló ayer que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece los requisitos para tener la condición de asegurado y de beneficiario, la cartera común de servicios y las prestaciones de salud pública, además del uso de medicamentos y productos sanitarios y la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica.
A principios de mes, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió una comunicación a la Generalitat Valenciana en la que le informaba de que se habían planteado determinadas «discrepancias» con el decreto ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas inmigrantes en la Comunitat y advertía de que si no se solucionan en una Comisión Bilateral al efecto, recurriría la norma al Tribunal Constitucional.
«El derecho a la salud»
Por otra parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto valenciano de universalidad de la asistencia sanitaria acordado por el Consejo de Ministros «no es contra un gobierno, sino contra la salud pública de los valencianos y valencianas y el derecho a la salud»
«Rajoy siempre que nos habla nos dice no; no a la financiación, nos dice que no a unas inversiones justas; nos dice que no a ser solidarios con la población siria y ahora, nos dice que no a la sanidad universal», resaltó Puig.
El president de la Generalitat afirmó que la sanidad universal «no solo beneficia a las personas que la reciben, sino también a la sanidad valenciana y española en su conjunto, ya que garantiza una sociedad más saludable».
Puig recordó ayer que el decreto 3/2015 del Consell que instauró la la universalidad de la atención sanitaria fue avalado por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat y que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones en medidas similares a la adoptada en la C. Valenciana en el Pais Vasco y en Navarra y en ambos casos se ha reconocido la universalidad de la atención sanitaria. Puig reclamó una vez más a Rajoy la derogación del Real Decreto que excluyó a los inmigrantes.
«No vamos a entrar a mercadear»
Por su parte, la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, vinculó esta postura del Gobierno de Mariano Rajoy a «la coyuntura electoral de un Gobierno que está agotado».
«Nosotros estamos tranquilos y pensamos que es la coyuntura de una legislatura agotada y en ningún caso vamos a entrar a mercadear con el derecho a la salud de la C. Valenciana», aseguró.
Montón ha lamentado que, con esta actitud «lo que hace Rajoy no es sólo amenazar a la Comunitat Valenciana, que ya es grave, sino que está amenazando a las personas que se benefician de esta medida».
