Las dos plantas, que han supuesto una inversión conjunta de más de cien millones de euros, fueron impulsadas por el Gobierno Zapatero para sustituir al derogado trasvase de Ebro, ubicándose en las zonas con mayor presión urbanística. Renunciar a los PAI eliminaría en buena medida la razón de ser de estas instalaciones, por lo que habría que reorientar su uso.
De hecho, las dos plantas ya están en entredicho porque los municipios no las quieren. No necesitan el agua desalada -y menos a los precios que se están planteando-porque no se han desarrollado los grandes proyectos urbanísticos (los famosos PAI de golf) que debían sustentar las infraestructuras. La de Moncofa se proyectó para garantizar suministro a 120.000 personas en la franja litoral de la Plana Baixa; la de Cabanes-Orpesa pretendía abastecer a 150.000 personas y dar respuesta al PAI Marina d'Or Golf, el mayor proyecto inmobiliario de Europa.
La entidad estatal Acuamed sigue buscando la fórmula para poner en marcha las desaladoras, que están finalizadas pero que no han entrado en funcionamiento.
