05 de diciembre de 2015
05.12.2015
Imelsa

"La reforma legal de Rajoy boicotea a jueces y fiscales y crea impunidad"

La gerente de Imelsa, Agustina Brines, lamenta que se limite la instrucción judicial en causas complejas como el caso Rus

05.12.2015 | 04:56
"La reforma legal de Rajoy boicotea a jueces y fiscales y crea impunidad"

«Una factura conduce a una empresa, ésta a un testigo, que a su vez puede abrir nuevas vías de investigación sobre actuaciones que incluso se desarrollaron en el extranjero y que requieren comisiones rogatorias... Es un puzzle complejo en el que trabajan policías, fiscales o jueces y que no puede echarse a perder y abrir la puerta a la impunidad de los delincuentes por los intereses del señor Rajoy y compañía». Así de tajante se mostró la directora gerente de la empresa pública Imelsa, Agustina Brines, en su crítica a la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hoy entra en vigor.

Un cambio legal impulsado por el Gobierno del PP que limita el tiempo de instrucción de los sumarios judiciales a seis meses o 18 si son casos complejos. La medida prevé en casos excepcionales la posibilidad de prorrogar la investigación judicial por un máximo de otro año y medio, con resolución motivada y previa solicitud y acuerdo de las partes. Esta reforma «abre una vía de escape a que algunos puedan salirse de rositas en delitos de corrupción, porque en la práctica se boicotea a jueces y fiscales». Lo dice Brines, quien codirige, junto con Josep Ramón Tíller, la empresa pública provincial que, con Marcos Benavent al frente entre 2007 y diciembre de 2014 fue presuntamente saqueada por la trama de comisiones del caso Rus.

La gerente subrayó que el nuevo equipo directivo de Imelsa está «prestando todo el apoyo a fiscales, juez y Guardia Civil en la investigación judicial, en defensa del dinero público y para demostrar la viabilidad de las empresas públicas si se gestionan de forma profesional y honrada». Los delitos de corrupción «son los más graves porque dañan la médula de la democracia, la confianza en la política», agregó, para tildar de «surrealista que se pongan obstáculos a la instrucción, en vez de poner medios, que es como se agiliza la justicia». La portavoz del Consell, Mònica Oltra, reclamó ayer en balde al Gobierno un «decreto urgente» para aplazar la entrada en vigor de la reforma legal.

Cabe recordar que la instrucción del caso Fabra tardó 11 años, mientras que la macrocausa Gürtel lleva 7 años y medio de instrucción. De las seis piezas, sólo se ha juzgado la que corresponde a los contratos de Fitur.

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