Salubridad, sanidad, licencias de obras o actividades. El ayuntamiento asegura que esas son sus competencias en el CIE de Zapadores, «al igual que en el resto de edificios públicos que se encuentran en la ciudad». Por ello, le comunicó a la Delegación del Gobierno que enviaría allí a sus técnicos municipales para revisar las instalaciones. Sin embargo, la semana pasada cuando los técnicos llegaron ante el CIE, se quedaron en la puerta. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía les impidieron la entrada.
Por ello, el ayuntamiento anunció ayer que, en cuanto finalice la vía administrativa „donde se incluyen estas actuaciones, así como una llamada directa del alcalde Joan Ribó al delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues„ comenzarán los trámites judiciales.
«Si tenemos competencias en el CIE en materia de sanidad, salubridad y licencias queremos entrar allí y revisar las instalaciones. Como no nos lo permiten acudiremos a los tribunales para que sea un juez quien determine si tenemos o no competencias porque nuestros servicios jurídicos lo tienen claro pero, al parecer, la Delegación del Gobierno no», explicó ayer el concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración, Roberto Jaramillo.
