El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, propondrá a la Comisión de Investigación sobre la operación Taula la auditoría de varios contratos bajo sospecha, algunos de ellos citados en las conversaciones de la exconcejala del PP María José Alcón, con el exgerente de la empresa Imelsa, Marcos Benavent. Ambos hablaban presuntamente del cobro de comisiones ilegales y citaban contratos como los de la Rambleta, las Torres de Quart o la Mostra.
El Ayuntamiento acordó el pasado 28 de enero por unanimidad crear una comisión de investigación «no permanente» en el consistorio para «determinar las posibles responsabilidades políticas derivadas de los hechos de carácter ilícito que se hayan podido cometer en esta institución «por los miembros del grupo municipal popular investigados por este motivo y que son objeto de examen por los tribunales» tras la operación Taula de la Guardia Civil dentro del «caso Imelsa».
Según Calabuig, para el «buen funcionamiento» de la Comisión y la «obtención de datos objetivos», más allá de los que en su momento aporte el levantamiento del secreto de sumario, es «necesario que por parte del Ayuntamiento se encarguen y dirijan auditorías integrales».
«No es suficiente con la auditoría contable, sino que junto a ésta tiene que realizarse un análisis jurídico y operativo que permita, entre otras cosas, contrastar que las cantidades que aparezcan reflejadas en las facturas se correspondan con los precios del mercado», precisó.
La lista de «anomalías»
Entre los expedientes que los socialistas van a plantear que se auditen, Calabuig citó el correspondiente a las obras, adjudicación y gestión de La Rambleta; la rehabilitación de las Torres de Quart y puentes de Serrano y Trinidad; varias ediciones de La Mostra; los contratos de publicidad con cuatro empresas del grupo Trasgos (Trasgos Comunicación, Cuco Comunicación, Construcciones Payá y Montesinos y Tannhäuser Producciones); la construcción del retén de bomberos del Carmen y la contrata de la grúa con Servicleop.
Los socialistas, dijo, quieren «dotar de contenido y concreción la investigación». Así mismo, explicó que ésta es una primera medida y no ha descartado que se vayan ampliando los expedientes sobre los que se solicite una auditoría si hay nuevos elementos.
