Entre 1980 y 1991, cerca de 75.000 personas murieron y 9.000 desaparecieron en El Salvador. La guerra civil que enfrentaba a las fuerzas armadas gubernamentales con las guerrillas revolucionarias nacidas en los años 70 finalizó con unos acuerdos de paz fomentados por la ONU y una posterior controvertida ley de amnistía, vigente aún a día de hoy. Una norma que ha impedido la depuración de responsabilidades por las sistemáticas violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra que se llevaron a cabo durante esos años.
Contra esta impunidad judicial ha querido luchar el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador (Idhuca), quien fundó el Tribunal Internacional para la aplicación de la Justicia Restaurativa en 2009. Este ente, que no ejerce poder coercitivo y cuyas sentencias no son vinculantes jurídicamente pero sí influyentes, está presidido por José María Tomás, magistrado de la sección segunda Audiencia Provincial de Valencia.
«De momento, se ha conseguido que el gobierno salvadoreño se esté planteando la derogación de la ley de amnistía», explicó Tomás a Levante-EMV antes de la presentación ayer de una de las resoluciones que dicta este tribunal, en el que también se encuentra el valenciano J. Ramón Juániz, presidente de Abogados del Mundo.
En dicha sentencia, tanto el magistrado valenciano como el resto de jueces que conforman el tribunal (de Brasil, Paraguay o Estados Unidos), repasan los crímenes cometidos en 1975, cuando se realizaron ejecuciones sumarias a al menos doce estudiantes universitarios y profesores (aunque de muchos no hay registro alguno) durante una protesta estudiantil.
También declaran responsable al estado salvadoreño de las torturas de al menos cuatro víctimas durante la represión de ese verano, así como desapariciones forzadas de otras cinco (aunque, de nuevo, faltan registros de otras víctimas que no han aparecido).
Del mismo modo, consideran responsable al gobierno del país centroamericano de otras ejecuciones sumarias, torturas y detenciones ilegales llevadas a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas en el departamento de Cabañas durante 1980.
«Este tribunal sirve, sobre todo, para recabar pruebas. Aunque lo más importante es que las víctimas pueden, por primera vez, exponer su verdad, ya que los organismos locales no les brindan esta oportunidad», indicó el magistrado Tomás a este periódico.
Siete resoluciones
El Tribunal de Justicia Reparativa ha emitido ya siete sentencias o resoluciones, la última de las cuales fue la que se presentó ayer en la Facultat de Dret de la Universitat de València. El próximo lunes el magistrado viajará de nuevo a El Salvador, donde la misma resolución será escuchada por las instituciones del país.
Además, se abrirá una nueva sesión del tribunal, que se reúne anualmente „y de manera altruista„, para recibir de nuevo el testimonio de las víctimas y atender a las pruebas que durante todo un año recaban asociaciones y organismos internacionales que trabajan para restaurar la justicia en El Salvador han recabado.
